El gobierno de Cristina Fernández dispuso el martes la intervención de la imprenta Compañía de Valores Sudamericana S.A., beneficiaria de un contrato millonario para la impresión de billetes que es objeto de una investigación judicial en la que también está involucrado al vicepresidente Amado Boudou.

El sorpresivo anuncio mediante un comunicado oficial causó el rechazo unánime de la oposición, que la calificó como una maniobra para garantizar la impunidad de Boudou, quien está imputado por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

La justicia busca determinar si el vicepresidente, en complicidad con otros funcionarios, entre ellos el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, realizaron distintas maniobras para favorecer a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. como contratista del Estado para imprimir billetes y material de campaña del oficialista Frente para la Victoria.

A partir de la denuncia de un particular, además, la justicia investiga si uno de los empresarios que figuran como propietarios Compañía de Valores Sudamericana S.A. es en realidad testaferro de Boudou, quien ha negado los cargos.

"El Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional", argumentó el decreto del gobierno que dispuso la intervención de la compañía.

Recordó que la impresión de billetes fue tercerizada en la década del 1990 "en detrimento" de la estatal Casa de la Moneda y que "a efecto e recuperar estas facultades el proyecto de ley dispone que la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio" de dicho organismo.

La medida oficial se conoce una semana después de que el fiscal del caso, Jorge Di Lello, avanzó y solicitó se investigue formalmente a Echegaray por las presuntas irregularidades en una moratoria que le otorgó en 2010 la Administración Federal de Ingresos Públicos a la imprenta cuestionada por una deuda impositiva de unos de 51 millones de dólares.

La oposición reaccionó unánimemente en contra de la intervención.

"La medida demuestra su necesidad por encubrir un millonario caso de corrupción y el fracaso en una de las tareas más esenciales de un gobierno, como es la emisión monetaria", afirmó el diputado Eduardo Amadeo, el Peronismo disidente.

Para la diputada nacional Patricia Bullrich, de Unión Por Todos, la intervención tiene por objetivo "comprar la impunidad de Boudou".

"El kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou. Otra estafa a los argentinos", denunció Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados de Propuesta Republicana.

El gobierno sostuvo en el comunicado que "el Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad".