El Gobierno de Uruguay analiza hoy la petición de las autoridades argentinas de que suspenda la inmunidad a un diplomático uruguayo involucrado en un supuesto intento de soborno registrado en una licitación bilateral, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

"Se espera seguramente para esta tarde algún tipo de comunicación" sobre esa cuestión, indicaron escuetamente las fuentes, que no ofrecieron más detalles pero aclararon que el presidente José Mujica y su ministro de Exteriores, Luis Almagro, están "en constante comunicación" para estudiar el tema.

La declaración uruguaya podría surgir de la reunión que sostendrá esta tarde en la sede presidencial el Gabinete ministerial Productivo, en el que participan precisamente Mujica y Almagro.

El diario uruguayo El Observador confirmó también este lunes que Montevideo analiza la cuestión, citando a fuentes oficiales.

Esas fuentes opinaron que en la relación bilateral con Argentina "se pudrió todo" y que en el oficialismo hay quien entiende que hay que "poner un punto final" a los ataques del gobierno de Cristina Fernández, según el rotativo.

El pasado fin de semana, Buenos Aires informó de que ha pedido a Uruguay la suspensión de la inmunidad del diplomático Francisco Bustillo, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

Argentina solicita a Uruguay que haga lugar a un exhorto judicial para que Bustillo declare en una causa por supuestos sobornos para favorecer a la empresa holandesa Riovía en el contrato para el dragado y profundización de ese canal situado en el Río de La Plata.

Buenos Aires asegura además que en otro caso en el que estaría implicado el diplomático la justicia argentina ha comprobado la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación en vehículos de lujo que Bustillo pretendía vender a través de unas franquicias, "en clara contravención" a las normas diplomáticas.

Al respecto, en declaraciones a El Observador, el diplomático manifestó este lunes que esa causa fue archivada el 22 de mayo pasado por la Corte Suprema Argentina.

El diario agrega que el diplomático denunció ante sus superiores en la Cancillería uruguaya ser objeto de "una persecución política" y pidió autorización para demandar al ministro de Exteriores argentina, Héctor Timerman, canalizador de las acusaciones, pero Almagro rechazó su pedido.

En mayo pasado el oficialismo uruguayo denunció que fue ofrecido un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar en el proceso de licitación a Riovía.

Según la prensa, sin confirmación oficial, Bustillo involucró en el intento de soborno al exvicecanciller argentino Roberto García Moritán y al empresario Sergio Cetera, responsable comercial de Riovia, encargada desde 1997 del dragado del canal, aunque su contrato venció en 2006 y fue prorrogado hasta ahora sin una nueva licitación.

A partir de las denuncias, el Tribunal de Cuentas de Uruguay realizó un informe de auditoría que sostiene que el Gobierno de Cristina Fernández demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de unos 15 millones de dólares con la firma holandesa.

También está pendiente la denuncia argentina de que la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM, en territorio uruguayo y ribereña con el fronterizo Río Uruguay, produce más de lo permitido por la normativa bilateral, cosa que Montevideo desmiente.