La Suprema Corte de Justicia de México comenzó el lunes a debatir criterios bajo los cuales elementos militares acusados de delitos deberán ser trasladados del fuero militar al civil y así sentar precedentes para juicios futuros.

El ministro presidente dijo que la finalidad es definir los límites y alcances de la justicia castrense para que autoridades y cortes federales se apeguen a estos.

Los jueces de la Suprema Corte resolvieron en julio de 2011 que se restringiera el fuero militar conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 que establece que no se aplique en casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el criterio jurídico no es obligatorio, sino una recomendación.

"La Suprema Corte tiene la oportunidad de garantizar un fin al uso de un sistema opaco y parcial que ha protegido a los elementos militares a costa de sus víctimas," dijo José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para el continente americano.

Los 10 ministros discutieron el lunes una causa en contra de un coronel que presuntamente ordenó deshacerse de un cuerpo de un hombre que murió después de ser torturado en mayo de 2011 por dos tenientes de infantería.

La ministra Olga Sánchez Cordero dijo que los tribunales militares no tenían jurisdicción sobre el caso porque el día del crimen fue festivo, y por lo tanto el acusado no desempeñaba sus funciones como militar.

"Si el delito que se le atribuye al hoy indiciado no fue cometido cuando éste se encontraba en servicio o en desempeño de sus actividades como coronel de infantería, la jurisdicción para conocer del mismo, radica en el fuero común", dijo Sánchez, quien presentó el proyecto.

Sin embargo, otros ministros dijeron que desconocían qué cargo específico se le fincó al coronel y más antecedentes alrededor de la tortura en el estado de Morelos. La corte también evaluará 29 casos más a lo largo de esta semana.

El fuero militar ha sido un tema de debate constante desde que el presidente Felipe Calderón desplegó miles de tropas en las calles como parte de su estrategia de combate al narcotráfico al llegar al poder en diciembre de 2006.

Algunos militares involucrados en el combate al crimen organizado y el narcotráfico han sido acusados de violaciones a derechos humanos como disparar a civiles en retenes, realizar cateos y detenciones sin orden judicial. La mayoría de los casos hasta ahora son juzgados en tribunales castrenses.