Una decena de ONG colombianas manifestaron hoy su preocupación por la "ambigüedad" del país andino frente a una eventual reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sidh).

Según un comunicado de las organizaciones no gubernamentales, la posición del país es "ambigua" porque mientras el presidente Juan Manuel Santos y otros funcionarios del Gobierno dan su apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también se ha dado aval a posturas "perjudiciales" promovidas por Ecuador y Venezuela.

El comunicado de cinco puntos de las ONG fue enviado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por expresidentes y excancilleres y representantes del Congreso, que se reunió este lunes en la sede del Ejecutivo en Bogotá.

"Colombia no debe apoyar reformas que se orienten al debilitamiento de los mecanismos de derechos como los informes de país, las medidas cautelares y el sistema de casos individuales", señala la declaración.

Agrega que en el "largo y lamentable conflicto armado" colombiano, "cada uno de estos mecanismos ha prestado una invaluable labor para la protección de vidas y derechos más básicos de miles de compatriotas".

La experiencia, añade luego, "muestra que la necesidad de su existencia está más que justificada y tanto su vigencia como eficacia deben ser preservadas".

La misma declaración destaca que "limitar las funciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión", constituye "un atentado directo a la calidad de la democracia" en la región.

"Ninguna de las propuestas que actualmente se discuten apunta en dirección del fortalecimiento y perfeccionamiento, por el contrario, de ser implementadas (las medidas) como ha sido propuesto por los Estados y por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), coartarían la eficacia de estos mecanismos", advierte el texto.

Y considera que ello "redundaría en un grave perjuicio regional que no puede ser secundado por nuestro país".

Precisa que "el mecanismo más adecuado para tramitar los posibles ajustes al sistema regional es la reforma a las prácticas y al reglamento de la CIDH, adoptada por la propia CIDH, mediante procesos abiertos y participativos".

Hasta ahora el proceso de reforma, prosigue la declaración, "se ha caracterizado por la ausencia" de participación de la sociedad civil.

Muchas de las propuestas acogidas por los Estados en el documento de diciembre de 2011 fueron incluidas a última hora y nunca fueron sometidas a debate, lamentan igualmente las ONG.

Y subrayan que ese proceso "se ha adelantado prácticamente sin la participación de la sociedad de las Américas, que es la principal interesada en la suerte del sistema de protección de los derechos humanos".

La declaración concluye con un llamado al Gobierno de Colombia para que defienda la "publicidad de todas las sesiones y la ampliación de la metodología para una inclusión más permanente y vigorosa de todos los actores".

Venezuela, Ecuador y Granada han promovido desde hace meses una reforma a fondo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, sobre todo, a la Relatoría de Libertad de Expresión.

Durante la 42 Asamblea General de la OEA, celebrada entre el 3 y el 5 de junio de 2012 en Cochabamba (Bolivia), se debatió acerca del funcionamiento de la CIDH y sobre el fortalecimiento de ese sistema y se instó a aportar propuestas.

Se aprobó una resolución que otorgó un plazo de 6 meses o a más tardar para el primer trimestre de 2013, para que las propuestas se pongan a la consideración de una Asamblea General Extraordinaria.

Entre las ONG que emiten el comunicado están la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip), la Misión de Observación Electoral (MOE), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Andiarios y Proyecto Antonio Nariño.

Además, Viva la Ciudadanía, Corporación Nuevo Arcoiris Corporación Ocasa.