Las medidas enérgicas estatales contra la inmigración ilegal están fuera de moda.

Después de que las objeciones judiciales dejaron sin efecto las medidas estatales más controvertidas, y de que las crisis presupuestarias y los cambios en los distritos agobiaron a los dirigentes locales, las legislaturas estatales pasaron menos leyes sobre inmigración este año, según un estudio publicado el lunes por la Organización Nacional de Legisladores Estatales (National Conference of State Legislators)

"Los legisladores hallaron que las brechas en los presupuestos estatales y los cambios en los distritos electorales eran prioritarios, lo que hizo que dedicaran gran parte del tiempo a esos temas", dice un informe sobre el Proyecto de Política Inmigratoria del grupo , según la agencia Reuters. "Quizá lo más significativo sea que los legisladores estatales citaron la discusión pendiente sobre la autoridad de los estados para imponer leyes inmigratorias como otra razón para posponer nuevas medidas”.

El estudio halló que 41 estados aprobaron 114 proyectos de ley y 92 resoluciones sobre inmigración en los primeros seis meses de 2012, lo que constituye una disminución del 20 por ciento en comparación con los primero seis meses de 2011, según Reuters.

La inmigración se ha convertido en uno de los temas más contenciosos de los últimos años, al promulgar los gobiernos estatales una cantidad de leyes con el fin de usurpar la autoridad del gobierno federal con el pretexto de que la inacción federal los estaba obligando a ello.

Arizona inició el debate en 2010, cuando el estado promulgó una ley que exigía que la policía determinara el estado inmigratorio de las personas que detenía.  

Estados de todo el país consideraron propuestas basadas en la de Arizona. Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah pasaron leyes que apuntaban a la inmigración ilegal, pero la mayoría de las medidas han sido impugnadas por las cortes y no han entrado en vigencia.

Los elementos más controvertidos de la ley inmigratoria de Arizona, conocida por su número de ley, SB 1070, fueron refutados por las cortes hasta junio, cuando el caso se oyó en la Suprema Corte.

La Suprema Corte declaró inválidas varias cláusulas de la ley de Arizona SB 1070, pero dijo que las fuerzas del orden locales pueden determinar el estado inmigratorio de quienes arrestan y si existe una “sospecha razonable” de que se encuentran en el país de manera ilegal, y la policía puede compartir esa información con las autoridades federales.

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