Un tribunal argentino inició hoy el juicio contra un líder sindical, siete expolicías y miembros de un presunto grupo de choque por el crimen de un militante de 23 años del trotskista Partido Obrero (PO) ocurrido en 2010 durante una protesta gremial, informaron hoy fuentes judiciales.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de Buenos Aires inició el proceso contra el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y el segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, acusados de ser instigadores del ataque a un grupo de manifestantes del PO, en el que fue asesinado Mariano Ferreyra.

En total se sentarán en el banquillo 17 personas, entre ellos, siete expolicías, acusados de "liberar" la zona donde se produjo el ataque, y el delegado sindical Claudio Alcorcel, acusado de ser "partícipe secundario" del homicidio.

Ferreyra fue asesinado en Buenos Aires de un balazo el 20 de octubre de 2010 durante una protesta de militantes de izquierda y trabajadores ferroviarios despedidos que fueron atacados por grupos de choque del sindicato Unión Ferroviaria.

En la protesta, realizada en los alrededores de una de las vías de ferrocarril que conecta Buenos Aires con el cinturón urbano, resultaron heridos de un balazo Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto, también militantes del Partido Obrero.

En el banquillo del juicio, por el que se espera que desfilen unos 360 testigos, también se encuentran Cristian Favale y Gabriel Sánchez, presuntos autores de los disparos, y Pablo Díaz, Guillermo Uño, Juan Carlos Pérez, Francisco Salvador Pipitó y Jorge González, algunos de ellos "barras bravas" (hinchas violentos) de clubes de fútbol y presuntamente implicados en el homicidio.

Además, están acusados por "abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud" Hugo Lompizano, excomisario y antiguo titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; y su entonces segundo, Luis Alberto Echevarría.

También están imputados los excomisarios Jorge Raúl Ferreyra y Luis Mansilla, el antiguo principal Gastón Conti y el exsubcomisario Rolando Garay, mientras que quien era agente de la División Exteriores de Vídeo de la Policía, David Villalba, está acusado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El día del crimen, los manifestantes del PO reclamaban el pase a plantilla de un grupo de trabajadores ferroviarios despedidos.

Para Pablo Ferreyra, hermano del militante asesinado, la investigación permitió comprobar la relación que existió entre parte de líderes sindicales con empresas contratadas por las concesionarias ferroviarias para prestar servicios.

"Es bueno entender que la Justicia, en algunos casos, avanza firmemente, y en este caso, lo hizo casi sin fisuras. Es por ello que se pudo dar rápidamente con Pedraza", indicó Pablo Ferreyra a medios locales.

Basándose en grabaciones de conversaciones telefónicas, la justicia consideró que la agresión durante la protesta tuvo como finalidad "aleccionar" a los trabajadores despedidos "para que en el futuro no intenten un nuevo corte de vías".

Para los jueces de la Cámara del Crimen, hubo un "reporte casi instantáneo" de los hechos a Pedraza y Fernández de parte de uno de los implicados en el asesinato.

Antes de ingresar a los tribunales porteños, donde organizaciones sociales y políticas de izquierda realizaron una vigilia a la espera del inicio del juicio oral, el dirigente del PO Jorge Altamira consideró hoy que este proceso "es el resultado de la lucha, de movilizaciones y piquetes".

También la presidenta argentina, Cristina Fernández, se refirió este lunes al juicio al asegurar que el testimonio de una persona presentada por un alcalde bonaerense, al que evitó nombrar, permitió avanzar en los responsables del crimen.

El asesinato del militante político reavivó, incluso, antiguas denuncias sobre la violencia del sindicalismo afín a dirigentes del gobernante peronismo.