Ante las críticas por los retrasos y trabas burocráticas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró el viernes que su gobierno cumplirá la Ley de Víctimas que busca reparar a las personas afectadas por el conflicto armado interno y devolver a sus legítimos dueños millones de hectáreas de las que fueron despojados por grupos ilegales.

La Ley de Víctimas, en vigencia desde el 1 de enero, "es una ley que estamos empeñados en cumplir y la vamos a cumplir y va a cambiar la historia de este país", dijo Santos en un acto desde Chivolo, en el departamento de Magdalena y a unos 460 kilómetros al norte de Bogotá.

Sin embargo, el mandatario admitió las dificultades, por ejemplo, en devolver tierras a colombianos que las perdieron por presión armada de los grupos ilegales.

"Cuando dicen 'es que no se ha restituido una sola hectárea por principio de la ley' los que dicen eso dicen la verdad", dijo Santos. Sostuvo que junto con el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo está trabajando en "capacitar a los jueces (de tierras), porque nos tocó desde cero, porque el país, en forma increíble, había abandonado la educación en materia agropecuaria, el derecho agrario no existía y tuvimos que capacitar a los jueces para que aprendieran derecho agrario y pudieran hacer justicia".

Admitió que el cumplimiento de la ley "va a durar mucho tiempo" pero destacó que el gobierno ya ha resarcido a 56.000 víctimas y la meta es alcanzar 115.000 este año.

Desde que entró en vigencia la ley, que calcula deberá indemnizar a por lo menos cuatro millones de personas que han sufrido desde desplazamientos hasta secuestros a un costo de unos 20.000 millones de dólares, se han recibido al menos 17.000 solicitudes de restitución de tierras por cerca de 1,3 millón de hectáreas, según el Ministerio de Agricultura.

El presidente estuvo en Chivolo en un acto simbólico en el que se presentaron 22 solicitudes de restitución de tierras por unas 800 hectáreas.

La zona de Chivolo fue en los 90 y hasta mediados de los años 2000 escenario de las acciones de paramilitares como Rodrigo Pupo Tovar, uno de los más temibles jefes narcoparamilitares y quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico.

La ex senadora liberal Piedad Córdoba, conocida por su rol en la liberación de secuestrados en manos de las guerrillas, fue una de las que criticó la lentitud en la aplicación de la ley.

"Yo creo que a la ley no le están dando cumplimiento", dijo la ex congresista en declaraciones divulgadas por radio Caracol.

La propiedad de la tierra ha sido descrita como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, desde 2005 y hasta el año pasado se han producido 66 asesinatos de personas desplazadas y líderes de reclamos de tierras, 26 de ellas entre 2010 y 2011. Este año al menos dos personas que reclamaban tierras, un hombre y su hijo, fueron asesinados.