La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) requirió declaraciones a ciudadanos chilenos que certificaban que sus parientes, víctimas también de la represión, se encontraban en el extranjero, con el fin de desacreditar la existencia de detenidos desaparecidos.

Así consta en una carta fechada el 11 de abril de 1977 enviada por el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, ahora en prisión, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La carta forma parte de archivos procedentes de la Cancillería que están depositados en el Museo de la Memoria de Santiago y a los que ha tenido acceso Efe.

"Adjunto al presente oficio, se remiten en memorandum s/n., relación de declaraciones personales de 14 individuos y 11 declaraciones juradas, en la cual familiares certifican ante notario que sus parientes se encuentran en el extranjero", indica la citada misiva.

Se desconoce si es cierto que en todos los casos los aludidos se encontraban efectivamente con vida y en el extranjero, así como el procedimiento y los motivos precisos que llevaron a las autoridades a recabar este tipo de declaraciones, inéditas hasta ahora.

Consultada al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, declaró a Efe que no tenía conocimiento de la existencia de estos documentos.

"No tenía idea de eso. No teníamos idea de esa barbaridad. Debe haber sido una de las artimañas que utilizó la dictadura para desacreditar la lucha que nosotros dábamos y la existencia de la práctica de la desaparición forzosa en el país", manifestó.

En uno de los documentos, de abril de 1977, una mujer identificada como María Adriana Retamales Orostegui declara bajo juramento que su hijo Fernando Gabriel Vergara Retamales viajó a México en febrero de 1976 y estaba residiendo allí junto a su mujer y su hijo menor.

"El motivo de su viaje fue visitar a su hijo mayor Fernando Gabriel Vergara Vargas, el cual salió del país en calidad de expulsado por motivos políticos. Recibí carta de ellos en la cual manifiestan estar en perfectas condiciones de salud", señala.

"Me extraña que mi hijo antes nombrado aparezca en lista de desaparecidos ya que él se encuentra en México. Formulo la presente declaración para los fines legales a que haya lugar", concluye la carta, escrita a máquina.

Su hijo, Fernando Gabriel Vergara Retamales, no figura como víctima de la dictadura, pero sí su nieto, Fernando Gabriel Vergara Vargas, asesinado años después, en 1984, tras haber retornado a Chile de forma clandestina.

En otra declaración jurada similar, también de abril de 1977, Pilar Mercedes Foncillas Vargas asegura que su hermana María Soledad abandonó Chile en julio de 1974 con destino final Venezuela, donde fijó su residencia.

"En la actualidad se encuentra muy bien, está casada, yo recibo periódicamente correspondencia de ella. (...) Declaro bajo palabra de honor que no se encuentra desaparecida", añade la carta, también escrita a máquina y firmada a mano.

María Soledad Foncillas Vargas figura entre las 9.795 personas que se añadieron a la lista de prisioneros políticos y torturados que incorporó la Comisión Valech en su reapertura en 2010, y que se suman a los 27.255 casos que certificó en 2004.

Además, según los informes oficiales, otras 3.200 personas perdieron la vida a manos del régimen, de las que cerca de un millar están aún en condición de detenidas desaparecidas, una práctica que la dictadura negó durante años.