Grupos de campesinos hondureños abogaron hoy por un "desarme general" y no solo la suspensión del porte de armas a civiles en el caribeño departamento de Colón, como ordenaron las autoridades en un intento por frenar un conflicto agrario que ha cobrado la vida de más de 60 personas desde 2009.

Dirigentes campesinos consultados por Efe dudaron que la medida de suspender el porte de armamento a civiles acabe con el problema e incluso anunciaron que seguirán con la "recuperación" de tierras en manos de privados en el Bajo Aguán, una zona rica en siembras de palma africana y donde se concentra la crisis.

El Parlamento aprobó el miércoles una reforma legal que limitó el porte de armas a personal militar, policial y de seguridad privada en Colón, donde está el Bajo Aguán, que desde 2009 es escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.

El dirigente campesino Rafael Alegría dijo a Efe que el Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, debe hacer un "desarme general" en el Bajo Aguán y "no solo quitarle las armas a los campesinos".

A juicio de Alegría, la reforma legal aprobada por el Parlamento es "injusta" porque deja "indefensos" a los campesinos en el Aguán, donde en las últimas semanas la muerte de labriegos y la invasión de tierras ha reavivado el conflicto agrario.

En los últimos tres años han muerto en esa zona más de 60 personas, en su mayoría campesinos, aunque también han caído guardias privados de fincas, según datos del estatal Comisionado de los Derechos Humanos.

"El derramamiento de sangre podría continuar", porque "todo apunta a que la gente armada continuará reprimiendo a los campesinos", opinó Alegría.

Lobo ha intentado apagar la crisis con la compra de terrenos a los hacendados que luego ha entregado a los campesinos organizados, pero el pasado 25 de julio condenó que haya personas en el Aguán que se dicen labriegos pero andan con fusiles AK-47, y anunció que atacaría la situación como "un problema de seguridad nacional".

El secretario general del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), Yoni Rivas, dijo a Efe que prohibir el porte de armas en el Bajo Aguán tiene "preocupadas" a las comunidades, porque ahora los labriegos "no tendrán como defenderse de las represiones" de los guardias de seguridad privada de las fincas.

"La Policía está desarmando a los campesinos, mientras que los guardias de seguridad continúan armados", aseguró Rivas.

Agregó que la recuperación de tierras "continuará, pese a la represión de la Policía, el Ejército y los guardias de seguridad".

Para el coordinador del Movimiento Madre Tierra Honduras, Juan Almendáres, prohibir el porte de armas en el Bajo Aguán "no será una solución" al conflicto agrario, porque "va más allá de un problema entre campesinos y terratenientes".

"Lo que existe (en el Bajo Aguán) es un experimento de guerra por parte de la geopolítica de Estados Unidos", subrayó en declaraciones a Efe Almendáres, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Por su parte, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, abogó el miércoles por un desarme general en el Bajo Aguán y señaló que solo las fuerzas de seguridad de Honduras deben estar armadas en la zona.

"Lo primero que hay que hacer es establecer si hay o no hay ilegalidad en las armas que se portan en esa zona del país", indicó Custodio en un comunicado.