Las autoridades instaron el viernes a jóvenes inmigrantes a participar en un programa gubernamental que suspende temporalmente sus deportaciones y advirtió que no se trata de una trampa para detenerlos.

Altos funcionarios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) anunciaron una serie de medidas para implementar dicho programa a partir del 15 de agosto.

En junio, el presidente Barack Obama anunció someramente los principios de esta política.

Entre los anuncios más importantes se encuentran la firma de un acuerdo de confidencialidad que impide a las autoridades compartir información para procesar criminalmente y deportar a los jóvenes que residan sin autorización legal en el país, siempre que no hayan sido condenados por haber cometidos delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.

También anunciaron que, en la solicitud de aplicación, no les preguntarán a los jóvenes si tienen o no un número de seguridad social; situación que preocupa a miles de personas que se han inventado ese número o han conseguido una tarjeta falsa para poder laborar.

Las solicitudes de quienes hayan sido condenados por delitos graves, por tres faltas menores (misdemeanor en inglés) o una falta menor significativa (significant misdemeanor en inglés) serán rechazadas y se iniciará un proceso de deportación en su contra.

Delitos graves, según una lista del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), incluyen abuso sexual, violencia doméstica, tráfico de drogas, conducir bajo estado de ebriedad, robo a viviendas, o porte ilegal de armas, entre otros.

Conducir sin licencia no se considera un delito grave. Este es un aspecto importante porque la mayoría de los estados del país no otorga este documento a los inmigrantes sin papeles.

Un funcionario de alto rango del DHS dijo que los jóvenes inmigrantes que estén interesados en participar del programa deberán pagar "465 dólares" a partir del 15 de agosto, al momento de presentar su solicitud.

"Llevo desde 2005 en Estados Unidos, no tengo ningún historial criminal, tengo 18 años y acabo de graduarme de secundaria", dijo el mexicano Antonio Alarcón a The Associated Press desde Queens.

El joven calificó de "histórica" la medida. "Lo agradecemos que un presidente haga ésto".

Pero Alarcón dice que seguirá luchando por el Dream Act, una iniciativa de ley que otorga la residencia legal a estos jóvenes y "que haya una reforma migratoria para todos".

"Es un permiso de trabajo pero no soluciona el problema que no podamos acogernos a ayudas públicas para estudiar", dijo Alarcón.

Los solicitantes, que deben asistir a una cita y someterse a un proceso de verificación de antecedentes, podrían esperar varios meses antes de conocer una decisión sobre su caso.

Las autoridades también dijeron que el proceso de aprobación o rechazo de las solicitudes podría llevar varios meses ya que incluye una investigación profunda de antecedentes.

La abogada de inmigración Helen Parsonage de Carolina del Norte explicó a la AP que esto "significa que les van a tomar las huellas dactilares en la oficina local de inmigración y estoy segura que las van a pasar por las bases del datos del FBI, DHS, ICE y la Patrulla Fronteriza".

"Van a revisar sus certificados de nacimiento y resolver cualquier pregunta", dijo.

La deportación de "personas que llegaron a Estados Unidos como niños y cumplen con otras directrices claves" no será una prioridad para el gobierno, manifestó el director de USCIS, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa telefónica.

De acuerdo con el programa, los jóvenes podrán suspender su deportación si demuestran que: 1) tienen 30 años o menos; 2) haber estado en Estados Unidos al menos durante cinco años; 3) haber llegado al país antes de cumplir los 16 años; 4) haber concluido sus estudios en una secundaria estadounidense u haber obtenido un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General (o GED como se le conoce por sus siglas en inglés); y 5) encontrarse actualmente en la escuela.

La medida les permite también solicitar un permiso de trabajo de dos años de duración, que puede ser renovado.

En la conferencia telefónica desde Washington, un alto funcionario del DHS dijo que quienes proporcionen información falsa en el acuerdo de confidencialidad señalado serán procesados por fraude.

"Lo que están diciendo es que no van a compartir la información que allí se suscriba (para iniciar un proceso penal y de deportación) a menos de que tengan un antecedente criminal o que entreguen información falsa y sea un fraude", dijo a la AP Parsonage en referencia al acuerdo.

La solicitud de suspensión de la deportación podrá ser renovada por dos años más, tal y como sucede con el programa Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que ha sido aprobado para ciudadanos de algunos países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El beneficio de la suspensión de la deportación puede ser renovado "cada dos años y parece que es por tiempo indefinido", dijo Parsonage.

Aún no se sabe si las personas pueden trabajar legalmente o conducir sin licencia sin temor a ser detenidos mientras su caso se estudia.

La abogada Parsonage cree que el programa también está orientado a descongestionar las cortes de inmigración.

"Es una medida práctica", explicó Parsonage. "Así, no tienen que emitir infracciones de tráfico a quienes conduzcan a altas velocidades... y evitar emitir órdenes de deportación porque hay atrasos en los trámites migratorios".

La abogada advirtió que no deberían presentar solicitudes para beneficiarse quienes tengan una "condena por un delito grave, una infracción grave (significant misdemeanor) o tres infracciones menores (misdemeanors)".

En esos casos, indicó, "yo les diría que no apliquen" al beneficio de la suspensión de la deportación. "Les diría 'usted no es elegible, punto'''.

La abogada explicó que los pedidos para beneficiarse con la suspensión de la deportación y el permiso de trabajo se presentan "al mismo tiempo y son aprobados al mismo tiempo".

Aproximadamente unos 850.000 de 1,4 millones de jóvenes sin papeles que podrían beneficiarse de esta medida son mexicanos, según datos de la organización Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés).

Un estudio de esa misma entidad reveló el martes que el 47% de los 1,4 millones de jóvenes aptos para solicitar la suspensión de deportación y los permisos de trabajo vive en California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Florida.

Las autoridades dicen que los costos del programa serán financiados por los solicitantes y no los contribuyentes. Su costo total dependerá de la cantidad de personas que presenten solicitudes para beneficiarse. Pero se estima que cueste unos $484 millones de dólares.

El director del USCIS, Alejandro Mayorkas, dijo que habrá exenciones en la tarifa a pagar por la aplicación y que serán otorgadas con moderación a, por ejemplo, personas sin hogar, discapacitados o quienes vivan en extrema pobreza.

Documentos internos obtenidos por la AP estiman que el número de solicitantes podría superar 1 millón en el primer año, o más de 3.000 al día. Costará entre 467 millones y 585 millones de dólares procesar las solicitudes durante los dos primeros años.

Algunas organizaciones no gubernamentales aplaudieron las medidas anunciadas.

"Acogemos las directrices anunciadas hoy para esta poderosa iniciativa que pondrá más cerca de concretar sus sueños a muchos jóvenes inmigrantes con aspiraciones", dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración en Washington. "Gracias a la acción diferida, estos jóvenes inmigrantes trabajadores que crecieron en Estados Unidos finalmente tendrán la posibilidad de trabajar como profesionales".

Diana García, una activista de la organización Central American Resource Center en Houston, dice que sintió "un alivio" con el anuncio pero que "todavía hay dudas sin resolver, como por ejemplo qué va a pasar con los casos que se nieguen tras la aplicación. Aún tenemos muchos interrogantes sin resolver y eso no sirve".

García argumenta su desconfianza en el hecho de que la administración Obama "en muchas ocasiones ha dicho una cosa y las autoridades de inmigración terminan haciendo otra muy diferente, como ha ocurrido con las deportaciones a la gente que está dentro de la clasificación de baja prioridad".

García se refiere a un programa que pretendía deportar prioritariamente a los criminales peligrosos que significaran una amenaza a la seguridad nacional y que, según organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes, terminó expulsando del país a más de 400.000 personas entre 2010 y 2011.

La abogada Parsonage cree, en cambio, que por tratarse del ejercicio del poder discrecional, y no de un programa como tal, los procedimientos se adelantarán tal como fueron anunciados. "Esto es más un TPS", dijo.

Joel Magallan, Director Ejecutivo de la Asociación Tepeyec, en Nueva York, calificó el programa de suspensión de deportaciones positivamente porque daría permisos de trabajo a jóvenes que "son psicólogos, dentistas o abogados o que incluso tienen maestrías y que no han podido trabajar en su campo porque no tienen el permiso legal".

"Si esto hubiera sido anunciado hace dos años, estaríamos todos felices, pero hoy hemos visto muchos casos en los que no se están cumpliendo las normas anunciadas por parte de las autoridades de inmigración, lo que no le despeja las dudas a quienes aún no tienen claro si van a aplicar o no", dijo por su parte Tania Unzueta, de la organización Immigrant Youth Justice League establecida en Chicago. "Es triste que sea así porque, por esas dudas, muchos podrían dejar pasar la gran oportunidad de sus vidas".

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Gisela Salomón está en Twitter como http://www.twitter.com/giselasalomon

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El reportero Elliot Spagat colaboró con este despacho desde San Diego, California.

Los reporteros freelance de la Associated Press en Houston, Alexander Terreros; en Nueva York Eva Font; y en Phoenix Valeria Fernández contribuyeron a este despacho.