Un fiscal argentino pidió el jueves a un juez investigar al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, como supuesto cómplice de una maniobra para favorecer con un contrato millonario a una empresa dedicada a la impresión de billetes y en la que está bajo sospecha el vicepresidente Amado Boudou.

El fiscal Jorge Di Lello le solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa, investigar las presuntas irregularidades en una moratoria que le otorgó en 2010 la Administración Federal de Ingresos Públicos a la imprenta Ciccone Calcográfica por una deuda impositiva de unos de 51 millones de dólares.

La compañía obtuvo luego millonarios contratos para imprimir billetes y material de campaña del oficialista Frente para la Victoria para las primarias abiertas y obligatorias de agosto de 2011, previas a las elecciones generales de ese año en las que Boudou acompañó en la fórmula a la presidenta Cristina Fernández.

El mismo fiscal fue quien pidió a Lijo en mayo investigar a Boudou por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por el caso Ciccone.

Según documentos presentados como prueba en los tribunales, Boudou y Etchegaray habrían fijado términos muy ventajosos para la cancelación de la deuda impositiva de Ciccone: un plazo de 12 años con intereses mensuales de 0,5%, muy por debajo de los índices de inflación.

El vicepresidente también está bajo sospecha por una supuesta participación accionaria directa o indirecta en la sociedad Compañía de Valores Sudamericana, continuadora de Ciccone y presidida por un empresario al que se investiga como testaferro de Boudou.

El vicepresidente negó haber influido para beneficiar a la imprenta y acusó al periodismo, y en concreto al diario Clarín --con el que el gobierno está enfrentado-- de confabular en su contra.

Echegaray también desligó responsabilidades cuando estalló el escándalo a principios de este año.