El máximo tribunal de Brasil comenzó el jueves las audiencias por un caso relacionado con un ardid de compra de votos que podría empañar el legado del enormemente popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del partido gobernante.

A pesar de sacar a relucir los detalles de lo que algunos califican como el caso de corrupción política más grande en la historia de Brasil, el juicio en el Tribunal Supremo también está siendo aclamado como una señal de buena salud política en un país donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y la impunidad.

"Es un parteaguas. Los brasileños van a ver a alguien acusado de corrupción que realmente enfrenta un juicio, tal vez una condena. La impunidad ya no funciona", dijo David Fleischer, un politólogo de la Universidad de Brasilia. "Esto va a dar vuelta a la página. En el futuro, los políticos van a ser muy cuidadosos, mucho más cautelosos acerca de cómo hacen las cosas".

El principal acusado en el juicio es José Dirceu, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario dejó el cargo con una aprobación del 87%.

El proceso judicial también involucra a otros 37 miembros del gobernante Partido de los Trabajadores.

Lula no está acusado de ningún delito.

Las acusaciones giran en torno a Dirceu, uno de los fundadores del partido, quien es acusado de orquestar sobornos habituales a legisladores de partidos aliados para asegurar sus votos después de que el PT llegó al poder en 2003. El caso es conocido en Brasil como "mensalao", o la gran mesada, por las sumas de hasta 10.000 dólares que supuestamente se entregaban a los políticos.

Dirceu tiene derecho a una audiencia ante el máximo tribunal debido a su rango político. Los jueces del Tribunal Supremo decidieron juntar los 38 acusados en un sólo caso de 50.000 páginas que involucra 600 testigos, debido a la naturaleza interconectada de los 1.089 cargos, que incluyen corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado y asociación ilícita.

Los abogados de Dirceu dijeron en una declaración escrita que le han entregado al juez los argumentos que invalidan todas las acusaciones contra su cliente. Lo que ocurrió, dijeron los abogados, fue una contabilidad fuera de los libros por la cual el ex tesorero del partido y el PT asumieron la responsabilidad.

"El gobierno nunca intervino ni tuvo conocimiento de tales acuerdos financieros-electorales", dijo el comunicado, en referencia al gobierno de Lula.

El fiscal general Roberto Gurgel describió el caso como "el ardid de corrupción y malversación de fondos públicos más audaz y escandaloso que se han visto en Brasil", según su última declaración oficial antes del comienzo del juicio.

El propio Lula fue cuestionado cuando se reunió con el juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes en mayo. El juez dijo a medios locales que Lula pidió un aplazamiento del juicio hasta después de las elecciones municipales de octubre para ayudar al PT en las urnas. Silva confirmó que se habían reunido, pero negó la acusación política.

Sin embargo, el caso ha tenido hasta ahora pocas repercusiones para Lula o su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.

Dirceu y otros colaboradores de Lula renunciaron cuando surgieron las denuncias en 2005, y alegaron que eran inocentes. Ellos no han ocupado cargos públicos importantes desde entonces, aunque varios han tenido una lucrativa carrera como consultores.

Lula fue reelegido después de que estalló el escándalo, y todavía tenía suficiente arrastre popular al final de su segundo mandato para ayudar a elegir a Rousseff. Muchos todavía lo adoran por los programas de repartición de la riqueza que ayudaron a millones de brasileños a salir de la pobreza.

Después de que Dirceu cayó, Lula escogió a Rousseff para sustituirlo como jefe de gabinete. Desde que alcanzó la presidencia en 2010, Rousseff desarrolló una reputación de tolerancia cero hacia la corrupción política tras despedir por acusaciones a siete ministros en su primer año.