El juicio de los 38 acusados por los escándalos de corrupción que en 2005 enlodaron al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzará hoy en el Tribunal Supremo de Brasil rodeado de una gran expectación y fuertes medidas de seguridad.

La primera sesión de lo que ya ha sido calificado por la prensa local, juristas y analistas políticos como el "juicio del siglo" se celebrará hoy a partir de las 14.00 hora local (17.00 GMT), con la lectura de los cargos a los acusados.

En el banquillo de los acusados se sentarán tres exministros y otros 35 políticos y empresarios, que son acusados de delitos que van desde corrupción activa y pasiva, hasta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión de divisas.

El caso se refiere a una complicada trama de supuestos desvíos de dinero público y privado que, según sostiene la acusación, financió en 2002 las campañas de Lula a la presidencia y de otros políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y de otras cuatro formaciones a diversos cargos.

Además de la financiación ilegal de campañas políticas, la misma arquitectura financiera habría servido para sobornar en los años 2003, 2004 y 2005 a decenas de diputados a fin de que votasen en favor de los proyectos que presentaba el Gobierno de Lula, que había asumido sin mayoría parlamentaria.

La sede del Supremo Tribunal, situada en la Plaza de los Tres Poderes, frente al Palacio presidencial de Planalto y el edificio del Congreso, amaneció hoy rodeada de cercas metálicas, a fin de impedir la aproximación de curiosos o manifestantes.

Asimismo, hoy fueron desplegados en los alrededores del Supremo unos cien agentes de la Policía Federal, que garantizarán la seguridad en el recinto.

El más relevante de los acusados es José Dirceu, exministro de la Presidencia y "hombre fuerte" del Gobierno de Lula y del PT, quien se vio obligado a renunciar cuando surgieron las primeras denuncias.

Dirceu, quien como el resto de los implicados proclama su inocencia, fue calificado por la acusación como "jefe de la banda" que tejió lo que la Procuraduría General considera como el "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil".

También están entre los acusados el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de ese partido Delubio Soares, quienes perdieron sus cargos en medio del escándalo.

Uno de los primeros asuntos que el Supremo se puede ver obligado a resolver es la situación del magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de sus once miembros, quien de 1995 a 2006 fue abogado del PT y en la misma época en que surgió el escándalo se desempeñaba como subjefe de Asuntos Jurídicos del ministerio que dirigía Dirceu.

Además, la abogada Roberta Rangel, actual novia de Toffoli, fue abogada de los exdiputados del PT Paulo Rocha y Luiz Carlos da Silva, quienes también están entre los 38 acusados.

El procurador general, Roberto Gurgel, quien actúa como parte acusadora en el proceso, ha dicho que hoy, durante la primera sesión, podría pedir la separación de Toffoli de este caso.

Frente a la polémica, otro de los magistrados del Supremo, Marco Aurelio Mello, consideró "delicada" la situación de su colega y dijo que sería "triste tener que deliberar sobre ese asunto" si Toffoli "insiste en participar".

El Supremo ha calculado que el proceso, que se transmitirá por televisión, demandará por lo menos quince sesiones hasta llegar al momento de la sentencia, lo que se prevé para mediados de septiembre próximo.