Las negociaciones para resolver la crisis institucional que vive El Salvador por la anulación de las elecciones de magistrados se reanudarán el próximo martes, tras las vacaciones por las fiestas patronales, con acuerdos preliminares que apuntan a un acatamiento de las sentencias que la generaron.

Los seis partidos políticos con la mediación del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, acordaron la noche del miércoles que la Asamblea Legislativa elegirá por "votación nominal y pública" a los magistrados propietarios y suplentes para los períodos 2006-2015 y 2012-2021, según el documento divulgado hoy por la Casa Presidencial.

Sin embargo, el texto aclara que "este avance no agota el tema respecto de la definición de magistrados para el período 2012-2021, ya que se continuará con la discusión de los puntos pendientes".

Funes explicó anoche, al suspenderse las negociaciones, que para magistrados de 2012-2021 se propondrá a los mismos elegidos el 24 de abril, pero algunos propietarios podrían pasar a suplentes y viceversa.

Los magistrados elegidos en 2006 prácticamente serán ratificados.

El acuerdo "nos permite irnos a vacaciones" igual que el resto del país por las fiestas patronales que se celebran del 1 al 6 de agosto, dijo Funes, quien señaló que el diálogo se reanudará el día 7 y "no hay fecha" para terminarlo.

Pero estos primeros acuerdos logrados aún están lejos de acabar con la crisis porque en casi dos meses, desde que surgió el 5 de junio, se ha agravado con nuevos problemas, como los dos autoproclamados tribunales supremos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados hechas en 2006 y el 24 de abril de este año, y ordenó celebrarlas de nuevo.

Según la Sala, una misma legislatura no puede elegir magistrados en dos ocasiones, y las que terminaron en abril de 2006 y de este año ya las habían hecho, por lo que debieron dejarlas a las que asumieron el respectivo 1 de mayo.

Cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros de la CSJ, que cumplen así períodos escalonados de nueve años.

Funes no quiso afirmar si los acuerdos significan el acatamiento de los fallos: "No soy yo quien lo debe decir", sostuvo.

Recordó que en el acta del 24 de julio, cuando se abrió el diálogo, se estableció "el acatamiento de los fallos de la CSJ adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución", pero "eso da lugar a diferentes interpretaciones".

La Constitución no dice cuándo debe elegirse a los magistrados.

El gobernante apuntó que en la negociación debe definirse quién será el nuevo titular del Poder Judicial, pues la crisis tiene al país con dos cortes supremas con sus respectivos presidentes.

Una Corte es presidida por Ovidio Bonilla, designado por el Parlamento el 24 de abril, e integrada por los magistrados elegidos en 2006 y 2012.

La otra es la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes y presidida por Florentín Meléndez, a quien el anterior titular de la CSJ, Belarmino Jaime, dejó como "provisional".

Funes sentenció que él no reconoce a Bonilla ni a Meléndez.

Indicó que también se discute el papel de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el 21 de junio, a petición del Parlamento, dictó una medida cautelar para suspender los fallos de inconstitucionalidad mientras emite una sentencia, resolución que la Sala desconoció.

Funes remarcó que persiste la división entre los partidos políticos sobre la jurisdicción de la CCJ.

El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y sus aliados Gran Alianza por la Unidad Nacional, Partido de la Esperanza y Concertación Nacional, todos minoritarios de derecha, rechazan los fallos de la Sala y avalan a la CCJ.

La opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Cambio Democrático apoyan a la Sala y rechazan al tribunal regional.

Según Funes, otro tema de discusión es una posible nueva conformación de la Sala de lo Constitucional.

Arena advirtió hoy en un comunicado de que "no se puede permitir la desarticulación de la Sala de lo Constitucional" porque "su legitimidad no ha sido objeto de fallo alguno".

Una comisión parlamentaria investiga desde junio a los magistrados elegidos en 2009, que incluyen a varios de dicha Sala, y el FMLN ha pedido la destitución de uno de ellos, Rodolfo González, por un antiguo caso de violencia familiar que los diputados le desempolvaron.