Una corte colombiana ordenó al Ministerio de Defensa devolver terrenos que ocupa a los indígenas Jiw, una pequeña etnia que según el tribunal está junto con otra en grave peligro de exterminio a causa del conflicto armado interno.

La decisión de la Corte Constitucional, emitida el 23 de julio y divulgada recién el jueves, se produce en momentos en que otros grupos indígenas demandan la salida de sus territorios tanto de la fuerza pública como de grupos armados ilegales, como las guerrillas. Las consecuencias del fallo para futuras demandas de las etnias no quedaron claras de inmediato.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que presentarían sus argumentos ante la corte, cuyos fallos son inapelables, y otras instancias judiciales.

"Los fallos de la corte son para acatarlos y respetarlos... (pero) existen recursos legales. Por supuesto el Ministerio de Defensa tiene recursos legales" para evitar la devolución de los terrenos, dijo Pinzón en declaraciones divulgadas por su oficina en un correo electrónico. No indicó cómo podían oponerse al fallo.

En una decisión de 94 páginas, la Corte Constitucional, máxima instancia para dirimir asuntos de la carta magna como los derechos de grupos minoritarios, ordenó 27 distintas medidas para proteger a los indígenas Jiw y los Nukak, que habitan zonas entre los departamentos de Meta y Guaviare, al sur del país. Ninguna de las dos etnias supera el millar de personas.

Una de esas 27 disposiciones de la corte ordena al Ministerio de Defensa "la devolución del área del resguardo Jiw... (en) Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un período no mayor de seis meses".

El resguardo Jiw llamado "Barracón", de unas 2.500 hectáreas en Guaviare, se constituyó en reserva indígena en 1975 y en 1997 las autoridades dieron el visto bueno para que la Escuela de Fuerzas Especiales construyera obras en esa zona y en las que actualmente se encuentran desde una torre de observación hasta una piscina, una planta de acueducto y dos salones de clases, según el texto del fallo del alto tribunal.

En junio de 2011 en informes oficiales a la Corte Constitucional, los Jiw dieron cuenta "de la ocupación (de) entre seis a ocho hectáreas del terreno del resguardo de Barracón por parte de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina".

La Corte Constitucional también ordenó que en un período máximo de dos meses oficinas nacionales como la de atención de víctimas, de atención de menores de edad y las gobernaciones de Meta y Guaviare diseñen y apliquen un "plan provisional urgente" para atender las necesidades de salud, alimentación y alojamiento de ambas etnias.

En su fallo el alto tribunal indicó que los pueblos indígenas Jiw y Nukak "están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos... ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen".

Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press que aunque el fallo hace referencia a los Jiw y los Nukak, la decisión "abre el camino para que el Ministerio de Defensa dialogue con las comunidades indígenas sobre su presencia" en los territorios.

Andrade dijo que como "no todas las etnias son iguales" algunas permiten el paso de la fuerza pública para operaciones especiales mientras otras como los Nasa, que habitan en el departamento de Cauca al suroeste del país, demandan la salida total de la fuerza pública y de la guerrilla alegando que están cansados de quedar en el medio de sus combates. El gobierno ha dicho que no saldrá de ningún sitio del territorio y ha reforzado la presencia militar en Cauca.