El Gobierno de EE.UU. lamentó hoy los continuos retrasos de la justicia boliviana contra el estadounidense Jacob Ostreicher, detenido en ese país en junio de 2011, tras aplazar una audiencia para solicitar su libertad bajo fianza.

El Departamento de Estado lamentó en un comunicado que el Gobierno boliviano recusara por segunda vez al juez del caso, impidiendo que la defensa de Ostreicher pudiese presentar la petición de libertad bajo fianza.

"Esto es particularmente preocupante debido a que el Gobierno de Bolivia había indicado que la audiencia tendría lugar sin ningún tipo de obstáculos de procedimiento", indicó el Departamento de Estado.

Ostreicher está detenido desde el 3 de junio de 2011 en Bolivia, donde tenía un negocio agrícola, por presunta legitimación de ganancias ilícitas, después de que dos empleados suyos fueran detenidos por su supuesta relación con el narcotráfico.

Estados Unidos afirmó que "será el sistema judicial boliviano el que decida la culpabilidad o inocencia de Ostreicher", pero enfatizó que el Gobierno de Evo Morales "debe permitir que el sistema judicial funcione correctamente", dijo la nota.

Así, el Gobierno de Washington urgió al Ejecutivo boliviano a "actuar rápidamente y corregir esta situación" y que permita celebrar la audiencia para pedir la libertad bajo fianza de Ostreicher, e "impulsar" el proceso judicial.

"Hemos instado en repetidas ocasiones y seguiremos instando al Gobierno boliviano que garantice un proceso judicial justo, transparente y oportuno", agregó el Departamento de Estado.

El caso de Ostreicher se trató hoy en una audiencia en el Congreso convocada por el congresista republicano estadounidense Christopher Smith, que visitó al estadounidense en la cárcel boliviana en junio pasado.

En la audiencia, Smith denunció que las autoridades bolivianas "han violado repetidas veces el debido proceso" y mostró su preocupación por la salud de Ostreicher, que empezó en abril una huelga de hambre para llamar la atención sobre su caso.

El congresista dijo que espera introducir un proyecto de ley para proteger a los estadounidenses detenidos en el exterior, y exigir responsabilidades a los Gobiernos extranjeros que "violen el debido proceso y los derechos humanos de los estadounidenses presos".