Un número creciente de regiones autonómicas españolas se están rebelando en contra de los intentos del gobierno central para frenar sus gastos, poniendo en peligro los esfuerzos del país para convencer a los inversores de que puede manejar sus finanzas.

Una reunión convocada el martes para reducir el déficit total de las 17 regiones semiautónomas a un 0,7% del Producto Interno Bruto de España para el próximo año fue boicoteada por la poderosa región noreste de Cataluña, mientras que la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, abandonó el encuentro en señal de protesta.

Otras dos autonomías, Asturias y las Islas Canarias, votaron en contra de la reducción, aprobada finalmente por la mayoría de los gobiernos regionales.

El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, advirtió que el gobierno central no tolerará desvío alguno en las reducciones del déficit, una exigencia de sus 16 socios de la eurozona, que ya otorgaron 100.000 millones de euros (123.000 millones de dólares) para apuntalar la banca española.

"No estoy preocupado porque nadie arriesgará la reducción del déficit", dijo Montoro y recalcó que por ley las autonomías están obligadas a hacerlo.

Las regiones rebeldes acusan al gobierno central de ser inflexible a la hora de mantener la meta del déficit nacional de 2012 en un máximo del 3,5% del PIB y en un 1,5% para las regiones, pese a que Bruselas autorizó a Madrid a elevar su déficit al 6,3% del PIB frente al 5,3% original.

Andalucía, pese a sostener que su endeudamiento es relativamente bajo, insiste que la reducción presupuestaria en 2013 ahogará su economía.

Entretanto, Cataluña, que es la comunidad autonómica más endeudada de España, comunicó que no asistiría a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el ministro Montoro no estaba abierto a propuestas alternativas.

Cataluña anunció esta semana que no podrá pagar en julio las plantillas y gastos de los centros sociales concertados, entre ellos hospitales, centros de cuidados infantiles de minusválidos y hogares de ancianos, e insistió que quizá tenga que sumarse a Valencia y Murcia para pedir ayuda al estado.

España — la cuarta economía de la Comunidad Europea — sufre su segunda recesión en tres años y las regiones y bancos han visto crecer sus deudas e impagos tras estallar la burbuja del ladrillo en 2008. Además, el país sufre un desempleo de casi el 25%, el mayor de la eurozona, pero hasta ahora ha evitado pedir fondos de rescate como Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre.

Los otros 16 países que usan el euro ya han accedido a prestarle a España hasta 100.000 millones de euros (123.000 millones de dólares) para sus bancos en problemas. Un rescate soberano de España sería mucho más costoso y podría afectar gravemente las finanzas de la eurozona.

La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's reconoció el miércoles los compromisos españoles con las medidas de austeridad y reforma, y confirmó su calificación crediticia de BBB+, pero el organismo advirtió esa calificación está sujeta a posibles reducciones.