Varios funcionarios de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que depende del Gobierno Federal de EE.UU., contribuyeron a los errores en la fallida operación "Rápido y Furioso" que permitió el contrabando de armas, según un informe elaborado por dos legisladores.

La fallida operación permitió en 2009 el tráfico ilegal de unas 2.000 armas de Arizona hacia México para seguir inicialmente la pista a carteles de la droga, aunque las autoridades estadounidenses habrían perdido más tarde el rastro de gran parte de ese armamento.

El borrador del primero de tres informes, difundido hoy, recoge "evidencias de numerosos errores y decisiones" detectadas en la investigación realizada sobre este asunto por los legisladores republicanos Darrell Issa y Charles Grassley.

Para los republicanos, los errores en la operación "podrían haber contribuido a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. Brian Terry y de un número desconocido de ciudadanos mexicanos, además de crear un peligro constante la seguridad pública en ambos lados de la frontera".

Tanto ese oficina federal (ATF en su sigla en inglés) como el Departamento de Justicia "habrían preferido esconder silenciosamente bajo la alfombra este asunto", acusó el congresista Issa en un comunicado.

Según el informe, los funcionarios implicados de la ATF irían desde su director entonces hasta el agente especial a cargo en Arizona.

Los legisladores alertan de que el entonces máximo responsable de la agencia federal, Kenneth Melson, debería haber garantizado que los funcionarios en la oficina central en Washington supervisaran adecuadamente la operación que se realizaba en Arizona.

Sobre el agente especial en Arizona, William Newell, la investigación considera que fue una pieza clave en la fallida operación, al no aplicar unos principios legales mínimos ni interrogar a posibles sospechosos.

En relación a los subordinados del director de la agencia William McMahon, William Hoover y Mark Chait, los documentos destacan que no actuaron para frenar el flujo de armas, pese a conocer la operación.

Los legisladores también destacaron "errores en la comunicación entre varias instituciones federales" como la Dirección de Control de Drogas (DEA), la ATF, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), además de criticar el papel de la Fiscalía de Arizona.

Dicha operación ha llevado en los últimos meses a los republicanos a pedir responsabilidades políticas en la Administración Obama.

La Cámara de Representantes aprobó a finales de junio una histórica resolución de censura por desacato contra el secretario de Justicia, Eric Holder, por negarse a entregar documentos sobre esta fallida operación.