El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que prepara una acusación contra 19 empresarios de palma de aceite por su supuesta responsabilidad en el desplazamiento de campesinos en el caserío de Curvaradó, habitual escenario del despojo de tierras en el noroeste del país.

Montealegre indicó tras una reunión con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y líderes reclamantes de tierras en el Palacio de Justicia de Bogotá que los empresarios ya han sido identificados y está previsto que en los próximos días se haga la acusación formal ante las autoridades competentes.

Según dijo, el ente acusador ya ha intervenido sobre la zona despojada, que tiene 100.000 hectáreas de extensión y está ubicada en el departamento del Chocó.

"Hay unas acusaciones contra 19 empresarios de la palmicultura. Estamos evaluando en este momento si existe o no mérito para vincular a más personas", indicó Montealegre.

Por su parte, Restrepo apuntó que el Gobierno tiene identificados a unos 40 empresarios ocupantes de tierras de comunidades afrodescendientes e indígenas en todo el Chocó.

Curvaradó es uno de los epicentros de los casos más sonados de despojo y restitución de tierras, en su mayoría propiedad comunitaria de afrocolombianos.

De hecho, la Corte Constitucional colombiana ordenó en 2010 proteger sus vidas y sus tierras, por lo que la Fiscalía ha iniciado varias investigaciones desde entonces en contra de empresarios que supuestamente se aliaron con paramilitares para usurpar los predios de los campesinos e instalar monocultivos de palma de aceite.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos rubricó en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en junio de 2011 la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que presentó al Congreso unos meses antes.

Por medio de esta norma, el Ejecutivo colombiano pretende devolver a sus legítimos dueños unas 3,5 de los 6 millones de hectáreas usurpadas hasta 2014.

Estas tierras fueron despojadas por grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes en el marco del conflicto armado que ha afectado este país desde hace casi 50 años.

Las comunidades de Curvaradó han denunciado recientemente amenazas de opositores a este plan de restitución e incluso han reportado asesinatos como el del líder reclamante Manuel Ruiz y su hijo Samir en marzo pasado.