Sentado en una banqueta frente a la cocina de su apartamento de ventanales sin cortinas, Antonio Navarro Wolff golpea con los nudillos su pierna izquierda: toc, toc.

Es una prótesis que reemplazó la pierna que perdió en un atentado en mayo de 1985. También perdió un nervio que controla el movimiento de su lengua.

"Por eso hablo así tan enredado", dice Navarro con una sonrisa.

Ex guerrillero, ex alcalde, ex gobernador, ex constituyente, ex candidato presidencial, Navarro, de 64 años, es para muchos el ejemplo de lo que el gobierno colombiano quiere lograr con una reforma constitucional llamada genéricamente "Marco jurídico para la paz".

La enmienda, aprobada el 14 de junio, plantea la posibilidad de suspender penas y renunciar a la persecución judicial penal de la guerrilla. Una ley posterior, que aún debe presentar el gobierno, deberá reglamentar los beneficios.

Pero aunque el oficialismo asegura que el "marco" no ampara a narcos ni a criminales comunes, las normas que se refieren a la amnistía han provocado la enconada resistencia de dos sectores escasamente afines: la derecha encabezada por el ex presidente Alvaro Uribe y los defensores de los derechos humanos.

Activistas que han tenido contactos con las guerrillas, defensores de derechos humanos, políticos, analistas y Navarro expresaron a The Associated Press opiniones divergentes y dudas de que sea una herramienta eficaz para acabar con el conflicto armado.

Para unos, el "marco" abre la puerta a la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Para otros representa los límites de una eventual negociación y para no pocos es un simple gesto del gobierno para presionar a los guerrilleros a sentarse a dialogar y acabar con casi 50 años de guerra no declarada.

"Tenemos una guerra obsoleta", dice Navarro, único miembro sobreviviente de la cúpula del Movimiento 19 de Abril, guerrilla que dejó las armas y firmó la paz en marzo de 1990.

En pleno siglo XXI, Colombia tiene el único conflicto armado vigente del hemisferio ya no puede aceptar mas muertos, heridos, desplazados, amputados por minas cada día, asegura Navarro.

Datos recopilados entre 1985 a 2005, cuando unidades paramilitares se desmovilizaron, dan cuenta de al menos 617.000 personas asesinadas, 40% de ellas ó mas de 240.000, directamente vinculadas al conflicto, indicó Ariel Avila, del grupo Corporación Nuevo Arco Iris, dedicada al estudio del conflicto interno.

Muchos especularon si la premura del gobierno para hacer aprobar la enmienda significaba que el presidente Juan Manuel Santos ya tenía contactos secretos con las guerrillas y se adelantaba ofreciéndoles rebajas de penas o la suspensión de ellas, a cambio de dejar las armas.

El ex presidente Alvaro Uribe, predecesor de Santos (2002-2010) y responsable de haber logrado dar de baja a emblemáticos líderes de las FARC como Raúl Reyes, de diezmar a buena parte de sus combatientes y de replegarlos a territorios selváticos, no ha ahorrado críticas al marco para la paz.

"Voces del gobierno y del Congreso engañan a la opinión ciudadana y también a las Fuerzas Armadas", dijo Uribe en un acto el pasado 5 de julio. "Dicen en público que Timochenko no será elegible, pero quisieron imponer la elegibilidad del delito de lesa humanidad".

Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", de 53 años, es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembro del secretariado, o cúpula de siete miembros de la guerrilla.

Santos y algunos de sus ministros han descartado que tengan contactos con la insurgencia, incluso de forma secreta.

Pero, si en la mayoría de los procesos de paz del mundo primero se negocia entre los bandos y luego se hacen las leyes o disposiciones que los beneficien, ¿por qué el gobierno optó por este cambio primero antes de negociar?, se preguntó Navarro.

"Porque quiere presionar, presionar y presionar a la guerrilla", respondió Carlos Lozano, director del semanario Voz, del Partido Comunista colombiano, y quien conoce a las FARC tras haber mediado en la liberación de secuestrados.

Navarro y Lozano coinciden en que si los beneficios no amparan a los jefes de las guerrillas, la oferta será inocua porque ninguno de los dos grupos aceptará ver a sus jefes presos.

Los amparados por la enmienda "tienen que ser los del 'secretariado' o si no, no hay paz, así los congresistas piensen lo que piensen", destacó Navarro. "Y las FARC ha demostrado que puede aguantar otros 20 años" en su guerra.

"Pensar que sí, Timochenko se va preso y no tiene derechos políticos, eso no lo van a aceptar nunca", dijo Lozano. "Los que crean que con el 'marco jurídico' ya está resuelto la salida política y la posibilidad de la paz en Colombia, me parece que están engañados". La norma "tiene una filosofía que es llevar a la guerrilla a la desmovilización y así la paz no funciona. Por lo menos estoy seguro que con las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) no funciona así, porque ellos no se van a desmovilizar, sino después de unos acuerdos" productos de una eventual negociación, dijo Lozano.

En un comunicado conocido el 22 de junio, las FARC dijeron que la reforma era "cínica", pero no dieron más indicaciones sobre si estarían dispuestos a discutirla.

"El único acuerdo de paz que espera (el gobierno de Santos) es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de rodillas", añadió en su comunicado la jefatura de las FARC, que financia parte de su accionar con el narcotráfico.

La experiencia del Salvador, que finalizó en 1982 una guerra de 12 años que dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos incluyó, tras intensas negociaciones, beneficios jurídicos a la jefatura rebelde y a la fuerza pública. Es decir, primero hubo diálogos y luego los acuerdos de paz y los beneficios legales.

Con los acuerdos firmados en el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista, se decretó una amnistía en 1993.

Cristiani "decretó la ley de amnistía para todos los que estaban involucrados en crímenes muy graves. Invitó este presidente a mirar hacia adelante y olvidar el pasado. ¿Qué dijo la iglesia? Que antes de mirar al futuro, antes de pasar la página, hay que leerla. No se puede prescindir ni de la verdad ni de la justicia", dijo monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, quien participó en las negociaciones entre 1984 y 1989.

Pero "¿cuál es el otro problema en el caso de ustedes (en Colombia), además de lo largo de este conflicto?", se preguntó el prelado salvadoreño. "Aquí no tuvimos en el momento del proceso (de negociaciones) problemas del narcotráfico, era una guerrilla, digamos, más idealista si pudiéramos usar la palabra, la expresión, que no estaba contaminada".

Ni las leyes locales colombianas ni el derecho internacional admiten la amnistía para delitos como secuestros de civiles o masacres. La Constitución colombiana sólo contempla indultos y amnistías para "delitos políticos" y no comunes, mientras otras leyes los prohiben expresamente para secuestros y terrorismo, explicó Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional.

Otros ex magistrados de esta corte, como José Gregorio Hernández, explicaron que fuera de la Constitución, en las dos últimas décadas avanzó el derecho internacional y se creó la Corte Penal Internacional, de la cual Colombia es signataria desde 1998. El acuerdo fue ratificado por el Congreso en 2002.

Esas normas internacionales ya no permiten que se otorguen indultos a crímenes de lesa humanidad como ocurrió entre la década de los 70 a los 90.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo que "lo más grave del texto es que ofrece a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad el beneficio de no pasar ni un solo día en prisión".

Es "completamente factible", dijo, que "la Corte Penal Internacional le exija cuentas a Colombia por no haber demostrado una voluntad genuina de juzgar a los máximos responsables y reclame jurisdicción para preservar la necesidad de hacer justicia en favor de las víctimas".

La ley "faculta al Congreso a que en los casos de los máximos responsables relacionados con los peores crímenes cometidos en Colombia, podrá garantizar la total excarcelación, es decir, ni un día en prisión. Eso transformaría el proceso penal de los máximos responsables respecto de los peores delitos en una farsa, en un teatro porque saben de antemano que no cumplirán la condena. Ese es el corazón del problema", añadió.

Pero además, explicó, sólo se juzgará a esos máximos responsables y "no a cualquier otro que a pesar de haber intervenido directamente en la planificación, ejecución o el encubrimiento de hechos atroces, no se consideren máximos responsables".

El marco para la paz crea un "corsé a Colombia y el corsé esta bastante flojito en este momento" tras de la aprobación porque... "disfrazan aquello de la amnistía o el indulto no poniendo esos nombres, pero son unos beneficios que seguramente los van a dejar en la calle a todos estos guerrilleros", dijo el ex magistrado Hernández. "Yo quisiera que no hubiera impunidad en... crímenes de lesa humanidad".

Además hay escepticismo acerca de los efectos producidos por las amnistías.

No hubo castigo, por ejemplo, para los culpables de crímenes atroces como la matanza de 936 civiles perpetrada por la fuerza pública salvadoreña en 1981 en el poblado de El Mozote o el asesinato, en marzo de 1980, de monseñor Arnulfo Romero, quien hablaba en contra de la represión de los militares respaldados por Estados Unidos.

"No se puede llegar al perdón sin pasar por la verdad y la justicia", dijo monseñor Rosa Chávez.

El 'marco para la paz' colombiano contempla la posibilidad de otorgar beneficios, como suspender una pena a quienes dejen las armas y asegura que será una ley posterior, propuesta por el gobierno, la que podrá "determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en lo que procedería la suspensión de la ejecución de la pena".

El senador oficialista Roy Barreras, actual presidente del Congreso y autor del texto, dijo que ni civiles ni militares serán beneficiados de la nueva norma si como agentes del Estado sus delitos fueron por fuera del conflicto armado, como ejecuciones extrajudiciales, espionaje o corrupción.

Dijo también que lo que se busca es darle herramientas al presidente para que si lo desea negocie la paz y no darle facultades ilimitadas.

Santos en caso de negociar "tendrá un límite", dijo Barreras. "No estamos entregándole un cheque en blanco ni al presidente y muchos menos a los grupos violentos".

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El corresponsal de Associated Press Frank Bajak contribuyó a esta información.