El Gobierno uruguayo advirtió al de Argentina que será el único responsable por la exclusión de la empresa holandesa Riovía en la licitación para las obras de dragado del canal Martín García, en medio de una polémica por supuestas irregularidades, informaron hoy fuentes oficiales.

De acuerdo a las fuentes, el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, envió el viernes una escueta carta a su homólogo argentino, Héctor Timerman, en la que afirma que "corresponde advertir" que "los efectos jurídicos y económicos" de esa decisión serán "de exclusiva responsabilidad de su parte".

Horas antes, el Gobierno argentino comunicó al uruguayo que resolvió excluir a la holandesa Riovía "de toda nueva participación" en obras del canal Martín García, de administración compartida, en medio de una polémica por supuestas irregularidades en un contrato con la empresa.

Timerman indicó en una carta a Almagro, que ha dado instrucción para excluir a Riovía "de la lista de empresas pre-calificadas para la licitación pública internacional para la profundización del canal Martín García", situado en el Río de La Plata.

"He instruido a la delegación de Argentina ante la Comisión Administradora del Río de La Plata (Carp) desestimar, bajo todo concepto, la eventual presentación de dicha empresa en el concurso de precios para el mantenimiento del canal, cuya apertura de sobres de realizará el 30 de julio", en Buenos Aires, señala la carta divulgada por la Cancillería argentina.

La administración de Cristina Fernández, que niega la existencia de irregularidades en el contrato con Riovía, advirtió además que lo expresado en la misiva "es sin perjuicio de otras observaciones que el Gobierno argentino oportunamente formulará respecto del contenido del informe del Tribunal" uruguayo.

La oposición uruguaya denunció en mayo que fue ofrecida una coima de 1 millón de dólares a funcionarios de la Carp para apoyar en el proceso de licitación a Riovía, que desde hace dos décadas draga el canal.

Ambos gobiernos dispusieron meses atrás una auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas de Uruguay y la Sindicatura General de la Nación de Argentina para analizar la actuación de Carp, en torno a la ampliación provisional del contrato para el dragado del canal con la empresa Riovía.

Almagro señala además en su nota a Timerman que el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas se realizó en el ámbito de su "competencia y jurisdicción" y sus efectos "alcanzan en exclusividad a la parte uruguaya".

El Gobierno del presidente José Mujica "se atendrá estrictamente" al informe del Tribunal de Cuentas según el cual la extensión del contrato fue "estrictamente ajustada a derecho" y el precio acordado para dicha extensión "fue considerado como totalmente razonable", señaló otra nota oficial de la Cancillería uruguaya emitida el pasado miércoles.

Sobre el esclarecimiento de versiones de presuntas irregularidades, el informe del Tribunal de Cuentas concluyó que "el cúmulo de indicios que apareja la consideración de estos hechos no permite sacar conclusiones firmes y por tanto enervan la formulación de una eventual denuncia penal."

El pasado miércoles, el Gobierno argentino resolvió suspender "nuevas actuaciones relativas" al canal hasta tanto el uruguayo "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas" sobre las supuestas irregularidades, decisión que fue rechazada por las autoridades de Montevideo, que insistieron en "continuar las negociaciones inmediatamente".

Según el Gobierno argentino, en el acuerdo de prórroga para el dragado y mantenimiento del canal Martín García suscrito el 7 de febrero de 2012 se fijó el precio de 15.150.000 dólares anuales para Riovía.