La reducción en los índices de pobreza y desigualdad en Chile en los últimos dos años ha sido ensalzada por el Gobierno como un éxito de su gestión, mientras los críticos creen que el crecimiento económico promedio, del 6 % anual, debería haberse traducido en un descenso mayor.

El Ejecutivo de Sebastián Piñera ha presentado en los últimos días varios datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que además ha abierto por primera vez el debate sobre cómo debe medirse la pobreza.

Según el estudio, el porcentaje total de chilenos bajo la línea de la pobreza pasó del 15,1 % en 2009 al 14,4 % en 2011, aunque es superior al 13,7 % de 2006, mientras que la indigencia se redujo del 3,7 al 2,8 %, la cifra más baja desde 1990.

En cuanto a la desigualdad, la brecha de ingresos autónomos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre de la población era en 2009 de 46,2 veces, proporción que disminuyó a 35,6 veces en la nueva encuesta.

Si se agregan las ayudas estatales, la diferencia de los llamados ingresos monetarios era de 25 veces en 2009 y de 22 veces en 2011.

"Los resultados son muy positivos y muestran un avance muy importante en nuestro país", señala a Efe Paulina Henoch, experta del Instituto Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento neoliberal afín al Gobierno.

Con un desempleo inferior al 7 % en el país, Henoch atribuye el descenso de la pobreza al aumento del empleo en esos sectores, y no tanto a las ayudas públicas. "No vemos una mayor incidencia de las transferencias del Estado", precisa.

"Efectivamente hay una reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, aunque no en los volúmenes que uno esperaría en virtud de los altos niveles de crecimiento", con un promedio anual del 6 % en 2010 y 2011, indica por su parte Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol.

Kremerman, crítico del modelo neoliberal vigente en Chile, considera "preocupante" lo ocurrido en los últimos cinco años, un periodo que engloba el mandato de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y los inicios del Gobierno de Piñera.

"A pesar de que el PIB creció en ese periodo un 21 %, la pobreza, en vez de disminuir, aumentó un 5,1 % y pasó del 13,7 % a un 14,4 %", explica a Efe.

Respecto a la desigualdad, la brecha entre ingresos autónomos (sin ayudas estatales) pasa de 31,3 veces en 2006 a 35,6 en 2011, añade.

En esta ocasión, además, se ha abierto un debate sobre el sistema de medición de la pobreza, que muchos consideran obsoleto, ya que se basa en la canasta básica de alimentos determinada en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 1987.

Su valor asciende ahora a 36.049 pesos (72 dólares), que determinan la línea de la indigencia, mientras que la línea de la pobreza se calcula multiplicando ese valor por dos para considerar las necesidades no alimentarias, con lo que actualmente se sitúa en 72.098 pesos (144 dólares).

Para Paulina Henoch, es conveniente "representar de mejor manera" la situación de los más vulnerables, pero también mantener una base de comparación en el tiempo.

Kremerman, en tanto, considera que "hay que actualizar la forma de calcular esos bienes y servicios porque se construyeron con patrones de consumo de la EPF de 1987, a pesar de que se realizaron nuevas encuestas en 1997 y 2007, y el próximo año se conocerá la de 2012".

Propone también debatir por cuánto se debe multiplicar el precio de esa canasta e incorporar nuevos parámetros en esta medición.

Con todos estos cambios, las estadísticas podrían arrojar un porcentaje de pobreza mucho mayor.

De hecho, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, publicó en 2008 un estudio en el que actualizó las líneas de pobreza e indigencia con información de la EPF de 1997 y estimó que en 2006 la pobreza afectaba al 29 % de la población, y no al 13,7 % que indicó la encuesta Casen de ese año.

Las nuevas cifras de la Casen se han conocido poco después de que se aprobara el aumento del salario mínimo de 182.000 a 193.000 pesos (364 a 386 dólares), tras resistirse el Gobierno a elevarlo hasta 200.000 pesos con el argumento de que esto podría aumentar el desempleo.

Paulina Henoch coincide con esa visión. "La principal causa de la pobreza es que la gente está desempleada. Para incentivar el empleo hay que disminuir los costos de contratación. Un salario mínimo más alto puede aumentar esos costos", asegura.

Kremerman, en cambio, recalca que el sueldo de 193.000 pesos "sólo cubre el 66 % de la línea de la pobreza actual -que además está obsoleta- considerando un hogar de cuatro personas donde solo uno trabaja".

"No puede ser que una persona que trabaje 45 horas a la semana sea pobre", denuncia el economista, que replica que "no hay evidencia empírica real que demuestre" que un alza del salario mínimo provoca un incremento del desempleo.

Y recuerda que países como Bélgica, Austria o Estados Unidos tenían un salario mínimo que duplica al que hoy tiene Chile cuando ellos alcanzaron un PIB por persona ajustado por paridad de compra de 18.000 dólares, el mismo nivel que se espera que Chile logre este año.

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Fuencis Rausell