La policía mantenía un despliegue el miércoles en busca de dos empleadas de un proyecto petrolero que fueron secuestradas por presuntos miembros del ELN cerca de la frontera con Venezuela.

La periodista Elida Parra, de 33 años, y la ingeniera ambiental Gina Uribe, de 32, trabajan para el proyecto Oleoducto Bicentenario, la construcción de una tubería desde la zona del departamento de Arauca, en el noreste del país, hasta el puerto de Coveñas, en la costa del Caribe colombiano.

Las dos fueron secuestradas de sus casas por desconocidos que se las llevaron en sendos automóviles el martes al mediodía, dijo en diálogo telefónico el gobernador de Arauca, Facundo Castillo.

El secuestro ocurrió en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, unos 365 kilómetros al noreste de Bogotá. Castillo dijo desconocer si el plagio estaba relacionado con el oleoducto o con otros motivos.

Señaló que la policía inicialmente atribuyó el hecho a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza insurgente del país y que tradicionalmente ha tenido uno de sus bastiones en la zona de Arauca.

En los últimos tiempos "se han presentado situaciones delicadas (de orden público), el secuestro (de las dos mujeres), la voladura del (oleoducto) Caño Limón-Coveñas...o salen dos o tres (guerrilleros) a la carretera...parece que ellos quieren mostrarse fuertes", dijo el gobernador.

La periodista Parra trabaja como enlace con la comunidad por parte del proyecto Bicentenario y Uribe era una de las ingenieras, dijo a su turno Emiro Goyeneche, director de la emisora radial Sarare FM Stereo, en Saravena, donde también labora la reportera con un programa sabatino sobre los derechos de los niños.

Goyeneche indicó en entrevista telefónica que fue el esposo de Parra quien dio aviso a las autoridades y por testimonios de vecinos se enteraron que dos hombres vestidos de civil se llevaron a Parra en un auto, agregó Goyeneche.

Parra, con siete años de trabajo en la emisora, nunca le comentó de amenazas, añadió.

El comandante de la policía en Arauca, coronel Wilson Bravo, dijo vía telefónica que a la ingeniera Uribe se la llevaron tres hombres también en traje civil en un auto.

Por datos que lleven a la ubicación de las dos mujeres la policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 5.500 dólares), dijo el oficial.

Al menos 300 policías participan en la búsqueda, entre ellos agentes antisecuestro, por el casco urbano y la zona rural de Saravena, indicó.

Declinó comentar las razones por las cuales las dos mujeres fueron secuestradas.

Sin embargo, resaltó que no descartaba que miembros de las FARC también fueran parte del grupo que se las llevó.

El proyecto Oleoducto Bicentenario, que desarrolla la estatal Ecopetrol junto con seis accionistas privados, entre ellos la canadiense Pacific Rubiales Energy, no comentó el caso de inmediato. Ecopetrol tiene la mayoría accionaria del proyecto con 55% de las acciones, mientras Pacific cuenta con 32,8% y el resto se reparte en otras cinco firmas.

El Bicentenario aspira convertirse en el mayor oleoducto del país con una longitud de 960 kilómetros y una capacidad de 450.000 barriles diarios, en un proyecto de al menos 4.000 millones de dólares, según datos de Ecopetrol.

El sábado presuntos miembros de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron estallar un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas, el segundo más grande del país y que lleva en promedio unos 80.000 barriles crudo al día hasta el puerto de Coveñas, en un sector el municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá, vecino a Arauca.

El secuestro de las dos mujeres fue el caso más conocido en aquella región fronteriza desde que septiembre del 2011 una niña de 10 años fue secuestrada en Fortul, un municipio de Arauca, a manos de presuntos rebeldes de las FARC. La niña fue liberada dos semanas después y entregada por sus captores a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una zona rural de Arauca.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos afirmó que recientes acciones de las FARC en el sur y suroeste del país son una muestra de su "desesperación" ante el acoso de la fuerza pública, mientras rechaza que haya un deterioro en indicadores de seguridad por el accionar guerrillero.

Sin embargo, datos del propio Ministerio de Defensa dan cuenta de un aumento de los ataques insurgentes contra la infraestructura petrolera, por ejemplo, que subieron de 19 a 67 ataques de enero a junio del año pasado comparado con el mismo período del 2012.

Por su parte, grupos no gubernamentales de análisis del conflicto armado interno, como el Centro Seguridad y Democracia, aseguran que entre el 2008 y el 2011 el número de municipios que registraron acciones violentas de la guerrilla subió de 124 a 155 en todo el país. Colombia tiene 1.102 municipios.

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El corresponsal de Associated Press César García, en Bogotá, contribuyó a esta información.