El Parlamento regional de Cataluña aprobó hoy reclamar al Gobierno español una fiscalidad propia, con una Agencia Tributaria catalana responsable única de la gestión de los tributos en esta comunidad autónoma del noreste de España.

La aprobación de la propuesta para establecer un nuevo modelo fiscal tuvo el respaldo de la mayoría de los grupos, principalmente los nacionalistas, mientras que el Partido Socialista no suscribió algunas partes del mismo y la rama catalana del Partido Popular (PP), que gobierna en España, votó en contra de cinco apartados y se abstuvo en otros.

Se trataría de un modelo parecido al que rige en el País Vasco y supondría que la Hacienda pública española no recaudaría en Cataluña.

La votación se produjo un día después de que el Gobierno regional revelase que Cataluña se acogerá al fondo de liquidez autonómico creado por el Ejecutivo español para ayudar a las comunidades autónomas con problemas para conseguir financiación en los mercados y considerado de hecho como un rescate.

Con la propuesta aprobada hoy, que el Ejecutivo regional tendrá que negociar en los próximos meses con el Gobierno central, Cataluña reivindica un cambio de modelo para que la Agencia Tributaria catalana sea "la única administración responsable" de la gestión de todos los tributos en esa región.

Cataluña es una de las autonomías más desarrolladas de España, la cuarta en términos de PIB por habitante, después del País Vasco, Navarra y Madrid, según datos correspondientes a 2011 del Instituto Nacional de Estadística.

El Parlamento dio el mandato al gobierno regional para que comience este año la negociación con el Ejecutivo central del nuevo un modelo.

Entre las novedades del modelo que se pretende introducir está que la aportación catalana al Estado español para pagar los servicios que presta en Cataluña y para contribuir a la solidaridad interterritorial será acordada de manera bilateral y revisada cada cinco años.

Cataluña adelantó este martes que piensa acogerse al fondo de liquidez, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma española que se acogería a ese mecanismo después de que Valencia anunciara el pasado viernes su adhesión al mismo y Murcia adelantará el lunes que lo hará el próximo mes de septiembre.

El Gobierno español creó el pasado 13 de julio este fondo, dotado de 18.000 millones de euros, y que es un mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.

Los gobiernos de las autonomías que forman el estado español tienen transferidas muchas competencias, entre ellas la gestión de la Sanidad y la Educación.

La adhesión al fondo es voluntaria por parte de las comunidades autónomas, pero conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras para las que se sumen, que deberán presentar planes de ajuste y estarán obligadas a dar información puntual sobre su situación.

Aragón y Asturias descartaron hoy que vayan a acudir a este mecanismo.

Según los analistas, el fuerte endeudamiento de algunas de las 17 comunidades autónomas españolas ha incrementado la suspicacia de los inversores hacia España y contribuyó a incrementar en los últimos días las presiones en los mercados sobre la deuda española que ha encarecido mucho la financiación del país.