El estado deberá indemnizar en 1,4 millones de dólares a los indígenas sarayaku debido a los daños causados por la actividad petrolífera, además de costos y gastos judiciales del proceso, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos divulgado el miércoles.

El estado debe entregar la mayor parte del dinero a la Asociación del Pueblo Sarayaku y 18.000 dólares al Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil), que contribuyó con ese grupo indígena en la parte judicial.

En un comunicado, los sarayaku expresaron su "satisfacción por esta victoria alcanzada gracias al esfuerzo de su pueblo y al apoyo de personas y organizaciones solidarias y comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas.

Asimism, manifestaron que estarán "atentos a que la sentencia sea cumplida y que los territorios de los Pueblos Indígenas sean respetados frente a actividades extractivas dañinas, como la explotación petrolera".

El fallo de la CorteIDH responde a la demanda planteada por el pueblo sarayaku, que acusó al estado de disponer el inicio de la exploración petrolera en sus territorios ancestrales de la Amazonia en la década de 1990 sin haberlo consultado.

La CorteIDH determinó la responsabilidad del estado "por no haber realizado una consulta previa, libre e informada, ... en violación de los derechos del Pueblo Sarayaku a la propiedad comunal indígena e identidad cultural, así como por no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y por haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de sus miembros ante la presencia de explosivos de alto poder en su territorio".

"El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku", aseveró el fallo de la Corte, al cual tuvo acceso AP.

El fallo también ordena neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivo) del suelo del pueblo sarayaku; consultar de forma previa una eventual actividad de extracción de recursos naturales en su territorio y adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para garantizar la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y tribales, así como publicar la sentencia, entre otros.

Los indígenas sarayaku demandaron al estado ecuatoriano en 2003 por la concesión en 1996 del bloque petrolero 23 a la empresa argentina CGC, que colocó 1.400 kilos de explosivos en suelo Sarayaku lo que alteró su cotidianidad, la posibilidad de libre movilización y sus costumbres.

La compañía se retiró de Ecuador en 2011, tras protestas violentas protagonizadas por los sarayaku, que atacaron y secuestraron a los técnicos, robaron materiales, entre otros hechos.