El Gobierno de Venezuela manifestó hoy su rechazo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que el pasado viernes declaró al Estado venezolano culpable de la violación del derecho a la integridad física, y por tratos inhumanos durante la detención de Raúl Díaz en 2004.

Díaz fue condenado a nueve años de cárcel por los atentados perpetrados contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido hoy, Díaz cumplió cuatro años y cinco meses de condena antes de recibir el beneficio penitenciario de únicamente pernoctar en prisión, condición que aprovecharía para fugarse a Miami.

En el escrito de la Cancillería venezolana se señala que la CorteIDH "continúa erosionando su credibilidad" al emitir una decisión "aberrante" en un caso "que nunca debió admitir" y reiteró que Díaz es "un terrorista".

El escrito apunta que "en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad" la CorteIDH solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos.

En el documento se señala, además, que el caso de Díaz aún sigue abierto para la justicia venezolana pues tras beneficiarse con una medida de libertad condicional "este terrorista se dio a la fuga y consiguió refugio en Estados Unidos".

Asimismo, el comunicado indica que "con esta decisión", la CorteIDH "deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América".

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la detención preventiva de Díaz fue arbitraria, con una duración excesiva y sin un recurso eficaz de apelación.

El proceso, que finalmente derivó en una condena, tardó cinco años y no fue dirigido por jueces imparciales, sostuvo la parte demandante.

La CorteIDH reconoció algunos de los argumentos presentados por Venezuela, como la falta de agotamiento de los recursos internos en lo que se refiere a la detención preventiva y la duración del proceso.

Sin embargo, sentenció al Estado por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz debido a las condiciones de su reclusión y el deterioro de su salud.

"Asimismo, los servicios de asistencia médica durante su detención no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa, contribuyendo al deterioro progresivo de su salud (...) las condiciones de detención de Díaz no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno", añade el texto.

El Tribunal ordenó a Venezuela que publique la sentencia y "adopte las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se adecúen a los estándares internacionales relativos a esta materia".

Además, el Estado deberá pagar "determinadas sumas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial" a Díaz, quien vive fuera del país pues asegura que teme por su vida.

Díaz ha sostenido siempre que nunca participó en los atentados, aunque reconoció que a finales de 2002 comenzó a asistir a protestas contra el Gobierno de Hugo Chávez.