Las autoridades colombianas detuvieron a los dos primeros miembros de bandas criminales que se oponen a la restitución de tierras que les fueron despojadas a desplazados por el conflicto armado interno, informaron hoy fuentes policiales.

Los capturados son dos antiguos paramilitares del noroeste del país que afrontan procesos por el asesinato de un reclamante de tierras y el secuestro y tortura a otro más, precisó en Bogotá el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León.

El oficial indicó en una conferencia de prensa que Diego Alfonso Hernández Banquet ("Fidel") y Filiberto Charrasquiel López ("Félix") fueron detenidos la víspera en las localidades caribeñas de Necoclí y Turbo, respectivamente.

Ambas poblaciones están situadas en la zona bananera de Urabá, una de las regiones colombianas más afectadas por el despojo de tierras a manos de grupos paramilitares.

León dijo que "Fidel" y "Félix" están acusados por el asesinato de Hernando Pérez Hoyos, en septiembre de 2010, y el secuestro y torturas, en el mismo mes de 2011, de Héctor Cavadía Pitalúa, quien fue salvado de la muerte por policías que lo rescataron.

Los hechos se registraron en Necoclí, población del departamento de Antioquia en la que Cavadía lideraba una asociación de reclamantes de tierras a la que también pertenecía Pérez.

Los detenidos pertenecieron al Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que se disolvió a mediados de 2006, dentro de un proceso de paz con el Gobierno.

El jefe policial señaló que los dos se integraron luego en Los Urabeños, una de las bandas criminales (Bacrim) herederas de las AUC.

En estos grupos, armados por narcotraficantes, se han encubierto sectores que se oponen a la aplicación de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, iniciativa del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que entró en vigor el pasado enero.

El Ejecutivo de Santos, en el poder desde agosto de 2010, se propuso reintegrar durante su mandato de cuatro años unos 2,5 millones de hectáreas a sus antiguos propietarios.

Al menos doce reclamantes de tierras han sido asesinados desde 2008 en la región de Urabá, según los registros de organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos, que calculan en más de seis millones el número de hectáreas arrebatadas en el país.

La mayoría de estas tierras eran de propiedad de los desplazados desde 1985 por el conflicto interno, que suman unos 5,2 millones de personas, según las mismas fuentes.