Amnistía Internacional pidió hoy al Poder Judicial de Perú revisar la sentencia de la Corte Suprema, que estableció que varios crímenes cometidos por el grupo paramilitar Colina no son delitos de lesa humanidad, porque es un "grave retroceso para la vigencia de los derechos humanos".

En un comunicado difundido en Lima, Amnistía expresó su sorpresa por la sentencia y consideró que esta decisión "puede sentar un preocupante precedente para la realización de la justicia a favor de las víctimas y sus familiares que han sufrido violaciones a los derechos humanos y han luchado por justicia durante décadas".

Al determinar que los hechos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, no fueron de lesa humanidad, la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema "no solamente contraviene estándares internacionales de derechos humanos sino también la propia jurisprudencia peruana", agregó.

Amnistía recordó que los tribunales peruanos y la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación han establecido que las actuaciones del Grupo Colina en el caso de la masacre de Barrios Altos y en otros casos graves de violaciones de derechos humanos constituyeron crímenes de lesa humanidad.

Como consecuencia de la anulación del delito de lesa humanidad, la sala peruana resolvió la rebaja de condenas contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, varios exjefes militares y los integrantes del grupo Colina, implicados todos en una cadena de mando en esos hechos.

El controvertido fallo generó el rechazo enérgico del Gobierno peruano por los beneficios para Montesinos y los Colina, y anunció que el Ministerio de Justicia presentará una acción de amparo para impedir su aplicación.

A pesar de que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que uno de los principales beneficiarios con esa sentencia podía ser el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos matanzas atribuidas al grupo Colina, el fiscal de la Nación, José Peláez, dijo hoy que la medida no facilitará un eventual indulto para el exgobernante.

Peláez agregó que la resolución de la Corte Suprema no afecta la sentencia contra Fujimori porque "el delito de homicidio agravado (dictado en su contra) tiene impedimento para conceder el indulto" o perdón presidencial.

Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por delitos de lesa humanidad a raíz del asesinato de 15 personas en Barrios Altos en 1991, de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992 y por el secuestro de un empresario y un periodista también en 1992, delitos atribuidos al grupo paramilitar Colina.

El exmandatario peruano (1990-2000) sigue un tratamiento médico por cáncer desde la cárcel y sus hijos han manifestado hace varios meses que se acerca el momento de plantear al Gobierno un eventual indulto para su padre.