El Instituto estadounidense Coriell de Investigación científica negó a Efe haberse lucrado con la venta de muestras de ADN del pueblo indígena ecuatoriano waorani, después de que la Defensoría del Pueblo de Ecuador denunciara el caso.

La Defensoría afirma que en 1990 o 1991 dos estadounidenses, uno de los cuales trabajaba para la empresa petrolera Maxus, extrajeron sangre a algunos waorani en sus comunidades con el argumento de que iban a examinar su estado de salud.

Ante estas acusaciones y preguntado por Efe, el Instituto Coriell, con sede en Nueva Jersey (EE.UU.), confirmó haber distribuido las muestras, pero negó haber obtenido el ADN de manera ilegal y haber alcanzado beneficios económicos con él.

"De 1994 a 2008, Coriell distribuyó un total de siete cultivos celulares y 36 muestras de ADN de esta línea. Fueron enviados a instituciones de ocho países para fines de investigación científica. Coriell no recibió ningún beneficio comercial asociado a la recepción, almacenamiento o distribución de estas muestras", aseguró el centro.

Coriell también explicó que científicos y funcionarios de su institución deben firmar un formulario que garantice que las muestras no se utilizarán para la elaboración de un producto comercial, ni serán redistribuidas a otros investigadores.

"En 2010, la muestra en cuestión fue retirada del depósito y ya no está disponible para la investigación científica", agregó el Instituto de Investigación.

La Defensoría de Ecuador argumentó que los envíos realizados por Coriell desde 1994 violan la Constitución de Ecuador, que prohíbe "el uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos".

La Defensoría del Pueblo comunicó su resolución a la Procuraduría General del Estado, que representa a Ecuador en litigios internacionales, y a la Cancillería para que tomen "las acciones pertinentes" contra Coriell, Maxus y la Escuela Médica de Harvard "por la adquisición y uso no autorizado de ADN".

Asimismo pidió a la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país andino, que elabore una ley que regule el manejo del material genético humano y controle la extracción de muestras de ADN de los pueblos indígenas.