El presidente ruso Vladimir Putin firmó un proyecto de ley que requiere a las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos del extranjero y que participen en actividades políticas que se inscriban como agentes extranjeros.

Muchas ONG sostienen que la ley está dirigida a desacreditarlas y que la vaga definición de la actividad política podría ser aplicada contra una amplia gama de iniciativas.

Algunos de los grupos de los derechos humanos más destacados del país prometieron no hacer caso a la ley o soslayarla.

Lev Ponomarev, director del grupo Por los Derechos Humanos, una de las organizaciones de ese tipo más antiguas de Rusia, dijo a la agencia noticiosa Interfax tras el anuncio formulado el sábado por el Kremlin de la firma que su grupo no hará caso de la disposición y la desafiará en los tribunales.