El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró hoy que Estados Unidos no le ha comunicado que su ayuda "esté en riesgo" por la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial por la anulación de las elecciones de magistrados, como han advertido algunos senadores de ese país.

"Hasta el momento el Departamento de Estado, que es la voz autorizada para expresar opinión y la posición del Gobierno de Estados Unidos (...), no nos ha comunicado que esté en riesgo" esa ayuda, dijo Funes, durante una reunión con representantes de empresas multinacionales.

Los senadores estadounidenses Robert Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) pidieron esta semana quitar a El Salvador de la lista para recibir un segundo desembolso de la Cuenta del Milenio y terminar con el Asocio para el Crecimiento, ambos programas de desarrollo financiados por Estados Unidos.

La embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, advirtió el jueves de que las opiniones de los senadores "pesan" y serán tomadas en cuenta por su Gobierno cuando tenga que decidir su posición sobre la crisis salvadoreña, después de que funcionarios y diputados salvadoreños las minimizaron.

Funes reconoció hoy que el jueves se reunió con Aponte para expresarle su opinión sobre el conflicto institucional que tiene al país desde el lunes con dos cortes supremas de justicia.

Además, "decidí enviar" a Estados Unidos al canciller Hugo Martínez y al secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, para explicar "de primera mano" al Departamento de Estado la actitud de su Administración ante esta problemática, informó.

Fuentes oficiales dijeron a Efe desconocer la agenda de los funcionarios en Estados Unidos, a donde prevén viajar este fin de semana, aunque no precisaron qué día.

El conflicto se inició el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló las elecciones de una veintena de magistrados hechas en 2006 y en abril de este año, y ordenó hacerlas de nuevo.

El Parlamento desconoció las sentencias y acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el 21 de junio resolvió suspender los fallos en tanto emite una resolución definitiva, decisión que la Sala desechó.

Funes rechazó que algunos sectores empresariales del país acusen a su Administración de parcializarse en el conflicto, a favor del Parlamento, y de ser un "Gobierno golpista que ha quebrantado la institucionalidad del país".

"No existe ni una sola acción tomada por este Gobierno que sea sinónimo de quebrantamiento de institucionalidad o de rompimiento del orden institucional", sostuvo.

Funes reiteró hoy que avala la decisión del Parlamento de elevar el conflicto a la CCJ y que tiene validez en el país su resolución del 21 de junio.

También Funes sancionó a finales de junio una disposición transitoria del Parlamento para que la Corte Plena se pudiera reunir sin necesidad de convocatoria de su entonces presidente, Belarmino Jaime, lo que permitió que el 1 de julio asumieran sus cargos los magistrados cuyas elecciones anuló la Sala.

El gobernante afirmó hoy que está dispuesto a "hacer las gestiones que sean necesarias ante la Corte y sus magistrados, o ante la Asamblea Legislativa, para encontrar puntos de entendimiento".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador, a través de un comunicado, reafirmó hoy que no retirará su ayuda por la crisis y espera que ésta se solucione pronto, como dijo a Efe el jefe de esa oficina, Stefano Gatto, el pasado día 11.

Desde el lunes hay dos cortes supremas en el país, una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron declaradas inconstitucionales y la otra compuesta por la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes.