El presidente paraguayo, Federico Franco, anunció hoy un proyecto para la venta "a precio de mercado" tanto de las tierras que el Estado posee en el Chaco como de las ocupadas irregularmente por ganaderos en otras dos regiones en la frontera con Brasil.

En su rueda de prensa de cada dos semanas, Franco aludió a las conocidas en Paraguay como "tierras de Antebi", que el Estado expropió por 45 millones de dólares al empresario Roberto Leslie Antebi en 1995 para dedicarlas a la reforma agraria.

Del medio millar de beneficiarios agrícolas de esas tierras en 1998, en los departamentos de Concepción y Amambay (nordeste), apenas quedaba un 11 por ciento en 2011, cuando la mayoría de los lotes se dedicaban a actividades ganaderas y forestales, según datos oficiales publicados por la prensa asuncena.

Desde su llegada al poder el 22 de junio, Franco ha prometido "recuperar" esas tierras, en las que "hay hasta narcotraficantes" según dijo, pero hoy ya planteó como opción su "venta a precio de mercado", así como las del Chaco que aún posee el Estado, un 33 por ciento de la vasta región norteña.

Franco lamentó que las tierras de Antebi y las del Chaco "son negociadas hoy a precios irrisorios" y dijo no quedarse "tranquilo sabiendo que hay empresarios que se benefician con la tierra pública".

Según explicó, está trabajando para presentar al Legislativo un proyecto de venta de las tierras, y dijo confiar en que las cámaras sigan dándole su apoyo y continúe esta fase de "luna de miel".

En días pasados, el presidente cifró en 120.000 las hectáreas ocupadas por estancieros en las tierras expropiadas a Antebi, y mencionó que su idea era venderlas a 1.000 dólares la hectárea.

La expropiación afectó en 1995 a 267.000 hectáreas, de las que 110.000 se convertirían en parque nacional y el resto serían destinadas a beneficiarios de la reforma agraria.

El anterior Gobierno había comenzado en marzo pasado a plantear demandas de desalojo de alguno de los ocupantes irregulares, que incluyen a diputados y empresarios, tanto paraguayos como de origen brasileño.

El conflicto por las tierra fue detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio, una semana después de que un desalojo de "sin tierras" causara la muerte de 17 policías y campesinos en un tiroteo en una hacienda de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (nordeste).

Los campesinos ocupaban una parte de la hacienda que el Estado disputaba al empresario y político "colorado" Blas N. Riquelme.

Al asumir el poder, Franco ha prometido completar un catastro rural y asegurar el desarrollo "sostenible" del campo con base en la agricultura familiar.

También dio a entender que daría tierras a los campesinos afectados por la tragedia de Curuguaty, pero la familia Riquelme desmintió que pretendiera "donarlas" y Franco observó que "sería injusto" pretenderlo porque han hecho un "arduo trabajo" en ellas.

Otro foco de conflicto es la zona sojera de Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná (este), en la que el anterior Ejecutivo estaba efectuando una "mensura judicial" para determinar propiedades que esta semana Franco dejó "sin efecto".