El Ministerio Público de Bolivia intervino el viernes la planta y oficinas de la multinacional india Jindal Steel dos días después de que la compañía diera por roto el contrato para explotar hierro en medio de disputas con el gobierno.

La intervención y clausura de la planta ubicada a 1.100 kilómetros al este de La Paz fue apoyada con policías y militares está vinculada con una demanda del Ministerio de Minería contra Jindal por incumplimiento de contrato, informó el fiscal de frontera Sergio Roberto Tarqui.

Tarqui dijo que una funcionaria de la empresa fue "aprehendida" cuando dejaba las oficinas en un vehículo de la compañía en la localidad de Puerto Suárez, donde está la base principal de la empresa.

Explicó que los bienes de la compañía --incluyendo la documentación-- quedarán bajo intervención fiscal mientras concluya la investigación. Acotó que la participación de policías y militares fue para "resguardar" los bienes.

En La Paz, el fiscal Marco Antonio Rodríguez encabezó la intervención y precintado de las oficinas donde quedaban unos pocos empleados que fueron desalojados y se llevó dos computadores.

El portavoz de la compañía, Gonzalo Gutiérrez, dijo a The Associated Press que la empresa evalúa los pasos a seguir.

En tanto, el asesor jurídico del Ministerio de Minería Juan Carlos Carrasco declaró en rueda de prensa que tras la ruptura del contrato el gobierno está buscando un "arreglo amigable" con la compañía pero lamentó la ausencia de los funcionarios indios en una reunión convocada para el viernes.

Jindal anunció a principios de semana desde Nueva Delhi que acudirá a un arbitraje internacional de no resolverse la controversia con el gobierno boliviano.

El proyecto con Jindal era el mayor objetivo del presidente Evo Morales para encaminar a Bolivia en la industrialización de las materias primas.

La compañía prometió inversiones por 2.100 millones de dólares en ocho años para producir esponja de hierro y acero tras adjudicarse en 2007 la explotación de un rico yacimiento de hierro en Puerto Suárez, cuyas reservas estimadas alcanzan 40.000 millones de toneladas métricas.

El proyecto nunca arrancó y desde el inicio tanto el gobierno como la empresa ventilaron públicamente sus diferencias acusándose de incumplimiento.

La compañía acusó al gobierno de no entregar en forma oportuna toda el área del yacimiento y de no garantizar el suministro suficiente de gas para la futura acería. Las autoridades respondieron que los terrenos fueron entregados con alguna demora y que el gas estaba disponible.

La fiscalía inició hace más de un mes un juicio por incumplimiento de contrato contra Vikrant Gujral y Arvind Sharma, presidente y director, respectivamente, de la firma india en Bolivia.

El vicepresidente Alvaro García dijo hace poco que Jindal se adjudicó el yacimiento no para producir sino para "especular en los mercados bursátiles".

La ruptura de contrato se produjo después de que el gobierno multó a la compañía con 36 millones de dólares por incumplimiento de inversiones e inició acciones penales contra sus ejecutivos.

Al anunciar la finalización de sus operaciones en el país, Jindal lamentó que sus ejecutivos hayan sido "maltratados", "perseguidos" y tratados como "delincuentes".