Expertos latinoamericanos y europeos reunidos en Buenos Aires analizaron hoy las consecuencias de la crisis internacional y coincidieron en que no es posible descartar su impacto en América Latina.

"Nadie puede asegurar que la crisis no va a afectar a la región, pero América Latina está poniendo paneles de contención para evitarlo", señaló a Efe el secretario económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Diego Borja, tras participar en un seminario sobre la crisis internacional organizado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina.

Para el economista ecuatoriano, el continente ha logrado por ahora sortear lo más duro del naufragio financiero internacional gracias en buena parte "a políticas nacionales y soberanas que apuestan por un aumento del gasto público, el fortalecimiento del Estado y un mayor control bancario".

Además, Latinoamérica ya sufrió "episodios similares al actual en las décadas de los ochenta y los noventa, durante los que se aplicaron paquetes de austeridad tan rígidos como los que ahora se imponen en Europa", agregó.

A su juicio, "la salida neoliberal que Europa da a la crisis, la está profundizando. La rigidez del sistema fiscal y los ajustes sólo consiguen aumentar el problema porque crece el desempleo y se contrae el crecimiento y la demanda".

En su opinión, tanto esas crisis como la actual han puesto de relieve "la crisis del sistema capitalista y del sistema especulativo financiero" y cobra más importancia que nunca que América Latina "siga avanzando en una nueva arquitectura financiera internacional alternativa al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional".

En esa línea se encuentra el Banco del Sur, que entrará en funcionamiento en los próximos meses con una prioridad clara: "Ser el brazo financiero de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y apoyar proyectos para la recuperación de la soberanía" en cinco ámbitos: alimentación, sanidad, energía, infraestructura y conocimiento.

Borja detalló que el Banco contará con un capital inicial de 7.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 saldrán de los tres mayores países, Brasil, Venezuela y Argentina, mientras que Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay pondrán los otros mil millones.