Una activista vecinal y un arzobispo peruanos solicitaron el jueves ayuda a congresistas estadounidenses para garantizar que la reactivación del complejo minero ubicado en la población peruana de La Oroya ocurra solamente si la empresa que asuma el proyecto se compromete a completar un ambicioso saneamiento ambiental.

Al comparecer ante el subcomité para Africa, Salud Global y Derechos Humanos de la cámara baja, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, advirtió que las autoridades peruanas considerarán el 26 de julio una propuesta de reestructuración y la reapertura del complejo por parte de la empresa estadounidense Doe Run, que perdió la licencia en 2010 tras incumplir un programa de saneamiento ambiental.

"De los 87 años que el complejo minero estuvo en operación (hasta 2010), 65 años fueron manejados por empresas estadounidenses", dijo Barreto. "El congreso estadounidense tiene la responsabilidad, no legal pero sí ética, de colaborar con el gobierno peruano para que exija los controles ambientales".

"Esperamos que el próximo operador se acoja a los estándares ambientales. En caso contrario, habrá consecuencias graves para la población de La Oroya, que tanto ha sufrido", agregó.

Doe Run, subsidiaria de la estadounidense Renco, operó desde 1997 el complejo metalúrgico de La Oroya y paralizó la totalidad de sus actividades en junio de 2009, meses antes de acumular una deuda por 110 millones de dólares con sus contratistas.

La embajada peruana también evitó pronunciarse sobre el tema.

La ciudad de La Oroya, en los Andes centrales del país, figuraba en 2010 sexta en una lista de los 10 lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, según el Instituto Blacksmith, una organización ecologista con sede en Nueva York.

Barreto explicó que las leyes peruanas conceden a Doe Run la tercera y última oportunidad para solicitar la recuperación del complejo minero, primero ante la junta de acreedores y luego ante las autoridades peruanas.

Keith Slack, gerente del programa grobal de industrias extractivas de la organización no gubernamental Oxfam America, dijo a la AP que Doe Run notificó en diciembre del 2010 al gobierno peruano su intención de presentar un litigio amparado en el tratado de libre comercio que ambas naciones suscribieron en 2007.

"Doe Run está usando ese caso como una forma de presionar al gobierno peruano para que acepte los términos que (Doe Run) está presentando para reabrir la operación", indicó Slack. "La preocupación es: ¿Cederá el gobierno peruano a esa táctica de presión al permitir que la empresa siga adelante sin instalar la tecnología necesaria para controlar la emisión de partículas".

Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud en La Oroya (MOSAO) denunció que ella y el monseñor Barreto reciben habitualmente amenazas de muerte de personas que los responsabilizan por el cierre del complejo, y que las autoridades no les brindan protección.

The Associated Press llamó a las oficinas de Doe Run en Estados Unidos en busca de una reacción, pero una portavoz se limitó a asegurar que Doe Run Perú es una persona jurídica independiente. Doe Run Perú tampoco emitió respuesta.

El representante republicano Chris Smith, presidente del subcomité, se quejó que varios despachos del gobierno federal estadounidense, tales como el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglás) desatendieran la invitación a la audiencia.

"Seguiremos insistiendo para asegurarnos que las empresas estadounidenses de ninguna manera pongan vidas en peligro", indicó.

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Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com/luisalonsolugo

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Con información de la periodista de AP Carla Salazar desde Lima.