La presunción de lavado de dinero en la campaña presidencial del ganador Enrique Peña Nieto unió a la izquierda y la derecha, que solicitaron el jueves a la autoridad electoral acelerar las investigaciones para determinar si hubo manejo ilegal de fondos a favor del político que se encamina a regresar al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los presidentes del conservador y oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron en rueda de prensa que además de la solicitud al Instituto Federal Electoral (IFE) para resolver el posible uso irregular de recursos, presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague en el ámbito penal el posible lavado de dinero.

La dirigencia del PRI negó las acusaciones y anunció a su vez que presentará una denuncia ante la PGR para que investigue los señalamientos de la izquierda y la derecha a fin de deslindar cualquier responsabilidad.

"(El) PRI niega categóricamente el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial, o que se hayan rebasado los topes de gastos de campaña", dijo el presidente de ese partido, Pedro Joaquín Coldwell.

Ante los señalamientos del PRD y el PAN, el IFE señaló en un comunicado que con la información que le han entregado los partidos no es posible hasta ahora "asegurar la comisión de faltas o delitos de algún partido". Sin embargo, refirió que aún continua con las investigaciones sobre el dinero invertido en las campañas electorales.

El PRD y el PAN aclararon que sólo están unidos en esta petición en torno al lavado de dinero, pero que mantienen sus diferencias respecto a otros aspectos de la elección presidencial.

Mientras el PRD ha pedido la invalidez de los resultados de la elección, el PAN sólo ha dicho que hubo algunas irregularidades específicas, pero que a su juicio no eran suficientes como para demandar la anulación de los comicios.

Ubicados ideológicamente en la izquierda y la derecha respectivamente, el PRD y el PAN suelen tener posiciones encontradas en distintos asuntos, aunque en el pasado han logrado algunas alianzas políticas temporales, por ejemplo para competir en determinados comicios estatales.

La primera denuncia pública sobre posible lavado de dinero a favor del PRI la hizo el miércoles Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD. El partido de Peña Nieto rechazó los señalamientos y dijo que era "una abierta difamación".

Ahora, el PAN dijo que también cree que hay elementos de lavado de dinero.

La izquierda ha dicho que tiene documentos que demostrarían que algunas empresas y al menos una persona habrían transferido y depositado recursos millonarios de procedencia irregular al grupo financiero Monex, para una posible compra de votos a favor del PRI a través de tarjetas de débito.

Tanto el PRD como el PAN creen que el dinero depositado podría proceder de presupuestos públicos de estados gobernados por el PRI o incluso del crimen organizado.

Jesús Murillo, coordinador del equipo legal que defiende ante la autoridad electoral el triunfo de Peña Nieto, dijo en rueda de prensa que el PRI no realizó ningún contrato con Monex ni recibió de ese grupo financiero dinero alguno.

Refirió, sin embargo, que el partido contrató a una empresa denominada Alkino Servicios y Calidad para que les consiguiera tarjetas de débito prepagadas con las cuales le pagaron a personas que trabajaron para el PRI.

Aseguró que esos recursos son parte de los gastos ordinarios del partido y no de los realizados propiamente para la campaña presidencial.

El PRD ha presentado tarjetas de débito expedidas por Monex a la prensa que supuestamente fueron usadas por el PRI.

Murillo dijo desconocer si alguna de las tarjetas que consiguió Alkino había sido expedida por Monex.

Según un texto que el PRI presentó a las autoridades electorales, y que fue distribuido a la prensa, el partido recibió 7.851 tarjetas de prepago de Alkino, las cuales tenían un saldo total de poco más de 66,3 millones de pesos (unos cinco millones de dólares).

En el conteo final de la elección hecha por el IFE resultó vencedor Peña Nieto con 38,21% de la votación, seguido de López Obrador con 31,59% de los sufragios. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quedó en tercer lugar con el 25,41% de los votos.

Sin embargo, la ley señala que en el caso de los comicios presidenciales, el tribunal electoral debe calificar o validar los resultados una vez que analice las impugnaciones presentadas por los partidos, incluida la solicitud de invalidez de la izquierda.

El tribunal tiene hasta el 6 de septiembre para validar o no la elección.

Madero dijo que el PAN interpuso desde el 14 de junio una denuncia ante el IFE por el caso de Monex y el posible uso irregular de recursos a favor del PRI, por lo que la autoridad electoral ya tiene conocimiento del caso y debe acelerar sus investigaciones.

Señaló que ha pedido al IFE que como parte de las investigaciones indague si hubo retiros de dinero en efectivo de los gobiernos estatales del PRI durante la campaña presidencial, que duró de marzo a finales de junio, y que podrían haber sido depositados en Monex.

El PRI gobierna actualmente en 20 estados del país. México está integrado por 31 estados y la capital.

El líder del PAN aseguró que el caso de posible lavado de dinero pondrá a prueba a todas las autoridades en el país y en el futuro debería traducirse en reformas legales que fortalezcan las medidas para impedir la posible compra de votos.

Monex no había respondido a una solicitud de información de la AP el jueves, aunque en las últimas semanas ha rechazado haber incurrido en irregularidades como el apoyo a algún partido político.