Los patrullajes contra la inmigración no autorizada en Arizona ordenados por Joe Arpaio, autoproclamado el alguacil más duro de Estados Unidos, están ahora bajo el escrutinio de un tribunal federal de Phoenix.

El abogado de un grupo de hispanos que interpusieron una demanda civil contra la oficina de Arpaio dijo el jueves en sus primeras declaraciones que la evidencia mostrará que Arpaio y sus agentes discriminaron racialmente a los latinos.

"Nuestro punto de vista es que el problema comienza desde arriba", afirmó el abogado Stan Young.

Tim Casey, que defiende a Arpaio, dijo que los patrullajes fueron planeados y ejecutados adecuadamente e incluso estuvieron por encima de los estándares de la policía en general.

"La raza y el origen étnico no tuvieron nada que ver con las detenciones de tránsito", señaló.

Los demandantes no buscan una compensación económica por daños, sino que desean una declaración de que la oficina de Arpaio encasilla a la gente según su raza, así como una orden judicial que lo obligue a hacer cambios para prevenir lo que dicen es una actividad policial discriminatoria.

La demanda presentada por un puñado de hispanos servirá como precursora de otra interpuesta por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que alega que la oficina de Arpaio violó los derechos civiles en un rango más amplio.

Aunque no estaba involucrado en la audiencia del jueves, un abogado del DOJ que encabeza la demanda presentada por esa dependencia contra Arpaio por presunta violación a los derechos civiles estuvo presente en el juicio como observador.

No está prevista la comparecencia del aguacil el jueves.

Durante seis años, Arpaio ha negado vehementemente las acusaciones de que sus policías se enfocan en la población latina cuando realizan patrullas en busca de inmigrantes que no tienen autorización para vivir en el país.

Los demandantes dicen que los agentes al mando de Arpaio detenían a algunos conductores en el tránsito con base en su apariencia hispana, sin tener una causa probable para detenerlos, y que sólo ordenaban las paradas para poder interrogarlos acerca de su estatus migratorio.

"No podrá decir lo que quiera", dijo Dan Pochoda, un abogado de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en Arizona, uno de los grupos que apoya la demanda contra Arpaio. "Será llamado como testigo en nuestro caso".

Si Arpaio pierde el juicio civil no enfrentará penas de cárcel ni multas.

En una audiencia a fines de junio, Casey dijo que el alguacil quería el juicio con el fin de poder demostrar que sus críticos están equivocados y retirar de sí el estigma que conlleva la acusación de discriminación racial.

"Lo que queremos es una resolución (judicial)", afirmó el abogado.

La demanda del DOJ hace muchas de las mismas acusaciones de encasillamiento racial, pero va más allá al afirmar que la oficina de Arpaio aplicó represalias a sus críticos, castigó a los reos hispanos que hablaban español y no investigó adecuadamente un gran número de casos de delitos sexuales.

No se ha fijado una fecha para ese juicio.

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Gráfico interactivo de deportaciones:

http://hosted.ap.org/interactives/2012/migracion/