El presidente paraguayo, Federico Franco, decidió "dejar sin efecto" la medición judicial de amplias extensiones de tierras cuya propiedad el anterior Ejecutivo disputaba a un gran empresario sojero de origen brasileño, informó hoy una fuente oficial.

El nuevo titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, dijo que la mensura generaría un "caos jurídico-administrativo" que no permitiría cumplir técnicamente con el objetivo del Indert.

Según Ortigoza, citado por la agencia estatal IP, la decisión de desistir del cotejo fue plasmada ayer en una resolución presidencial.

La medición, desbloqueada por la Corte Suprema en febrero pasado, afectaba a 257.900 hectáreas de dos fincas ubicadas en los departamentos orientales de Itapúa y Alto Paraná.

Las tierras habían sido vendidas en 1888 por el Estado paraguayo a distintos propietarios, que sin llegar a pagarlas se las transfirieron al empresario de origen francés Domingo Barthe.

En 1921, el Estado promovió una causa para recuperarlas, que sólo culminó en 1958 con una sentencia favorable del Supremo.

El caso se reabrió en 2011, cuando el Indert denunció que el empresario "brasiguayo" Tranquilo Favero, principal productor individual de soja de Paraguay, ocupa ilegalmente casi 60.000 hectáreas de esos terrenos en la zona de Ñacunday.

Ese año, se produjeron sucesivas ocupaciones de las tierras de Favero por parte de campesinos de la Liga Nacional de Carperos, semejantes a la de la finca, cuya propiedad también le disputaba el Estado, del empresario Blas N. Riquelme en Curuguaty (nordeste), donde 17 policías y "sin tierras" murieron en un tiroteo durante un desalojo el pasado 15 de junio.

Ese suceso, que tiñó de sangre la lucha por la tierra en Paraguay, fue el detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo una semana después.

El nuevo presidente paraguayo anunció al asumir el poder que elaborará un completo catastro rural, que permita un "auténtico desarrollo rural sostenible".

También prometió, pero no ha sucedido, que el lunes pasado iba a ofrecer una solución para los campesinos afectados por la tragedia de Curuguaty, aunque observó que "sería injusto" pretender una "donación" de tierras de la familia Riquelme pues el empresario ha hecho un "arduo trabajo" en la zona.

Ortigoza dijo hoy que el Indert no cuenta con documentación fidedigna en su catastro y recordó que las otras dos instituciones responsables, la Dirección General de Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, mantuvieron que los títulos de propiedad de la zona afectada por la mensura que ahora se dejó sin efecto están "en orden".

El nuevo jefe del Indert dijo haber solicitado un dictamen al director de Asesoría Jurídica del Instituto, Alfredo Torres, quien recomendó el desistimiento pues la medición "estaría afectando a cientos de propietarios de inmuebles ubicados principalmente en la zona de Alto Paraná e Itapúa".

Torres sugirió en cambio "agotar las instancias administrativas, mediante la contrastación de los títulos de propiedad obrantes" en los distintos registros, para ver si se identifican "excedentes" de tierras del Estado.

En tal caso, recomendó, "promover las mensuras correspondientes, pero limitadas a las jurisdicciones afectadas".