La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, advirtió hoy que las opiniones de varios senadores estadounidenses sobre la crisis institucional salvadoreña "pesan", aunque sean minimizadas en este país, y su Gobierno las considerará para asumir su posición al respecto.

Asimismo, reiteró su llamado a los órganos Legislativo y Judicial para que solucionen el conflicto que se desató entre ellos desde el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló las elecciones de una veintena de magistrados realizadas en 2006 y el 24 de abril de este año.

El senador estadounidense demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, en un comunicado conjunto difundido esta semana por la prensa salvadoreña, pidieron al Gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas, eliminar a El Salvador de dos programas de desarrollo financiados por ese país si no soluciona el conflicto institucional.

Específicamente, pidieron quitar a El Salvador de la lista para recibir un segundo desembolso de la Cuenta del Milenio y terminar con el Asocio para el Crecimiento.

Otro senador republicano, Richard Lugar, también ha pedido a su Gobierno examinar la ayuda que le está proporcionando a El Salvador, a raíz de la crisis.

Las advertencias de los legisladores estadounidenses han sido minimizadas por el canciller Hugo Martínez y diputados salvadoreños.

Sin embargo, Aponte dijo a la prensa que Menéndez es el "presidente de la Comisión del Hemisferio Occidental en el Senado del Congreso de los Estados Unidos, (por lo que) sus opiniones pesan; lo mismo el senador Rubio, sus opiniones pesan".

"La administración (de EE.UU.) en su momento (tomará) decisiones (sobre la crisis salvadoreña), y dirá y mirará todo el cuadro y hará una evaluación total y completa, incluyendo las recomendaciones que vengan del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado", destacó Aponte.

"Lo que yo he dicho, y volveré a repetir, es que este conflicto hay que resolverlo dentro del marco (...) de la Constitución salvadoreña y que redunde en instituciones fuertes, sólidas, estables, y con separación de poderes; esa es la posición de mi Gobierno", enfatizó.

Martínez, el coordinador general del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, y varios diputados de este y otros partidos, por separado, han restado importancia a lo dicho por los senadores estadounidenses.

La opinión de los senadores es "respetable", pero "no se debe confundir como si ya fuera la opinión colegiada de la instancia a la que pertenecen", dijo Martínez ayer a periodistas.

"La opinión de un senador no es la opinión del Gobierno de los Estados Unidos, de tal manera que a nosotros esas opiniones hasta hoy no representan ninguna posición oficial", indicó González.

Desde el lunes, El Salvador tiene dos tribunales supremos, uno presidido por Ovidio Bonilla, que está integrado por los magistrados cuyas elecciones fueron declaradas inconstitucionales el 5 de junio cuando se inició la crisis.

La otra corte suprema es la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes y presidida por Florentín Meléndez, a quien el anterior titular de la CSJ, Belarmino Jaime, dejó como "provisional" al terminar su período de tres años el 15 de julio.

La Constitución salvadoreña no establece de forma clara en qué períodos el Parlamento debe elegir a los magistrados, pero la Sala argumentó que una misma legislatura no puede hacerlo más de una vez, como ocurrió en 2006 y en abril pasado.

Diversos sectores, unos a favor de Bonilla y otros de Meléndez, han manifestado su preocupación debido a la "inseguridad jurídica" que genera la crisis, y que puede ahuyentar las inversiones y la ayuda extranjera, como la de Estados Unidos.