El gobierno argentino disolvió el jueves un organismo clave en el reparto de millonarios fondos a las prestadoras de salud de los gremios en medio de su creciente enfrentamiento con Hugo Moyano, el combativo líder de una fracción del sindicalismo.

Según la medida contenida en varios decretos publicados en el Boletín Oficial, la Administración de Programas Especiales perdió su condición de entidad autónoma para quedar absorbida dentro de la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuyos principales funcionarios fueron además reemplazados.

Moyano, líder de la fracción combativa de la Confederación General del Trabajo, exige al gobierno de la presidenta Cristina Fernández que pague a las prestadoras de salud de los gremios una supuesta deuda de 16.000 millones de pesos (unos 3.493 millones de dólares) en concepto de reembolsos a través de la Administración de Programas Especiales, considerada una "caja" clave para los sindicalistas.

El gobierno argumentó que la disolución de la Administración de Programas Especiales busca "la eficiencia en la gestión pública" y "asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado".

La administración y las prestadoras de servicios médicos de los gremios están a su vez bajo investigación judicial por los supuestos cobros irregulares de reintegros para tratamientos de salud de alta complejidad --como sida y cáncer-- mediante etiquetas falsificadas de medicamentos.

"Esto es un golpe más a Moyano de parte del gobierno y es una señal de que si el escenario sigue de determinada manera el Ejecutivo tiene margen técnico para hacer lo que quiera en las obras sociales (las prestadoras de salud de los gremios)", dijo a The Associated Press Mariano Martín, autor del libro "El hombre del camión", donde analiza la figura del sindicalista más poderoso de Argentina.

La medida se produjo pocos días después de que la Confederación General del Trabajo quedara fracturada entre el sector que responde a Moyano, integrado por los camioneros y otros sindicatos con gran capacidad de movilización, y el conformado por gremios poderosos como el de la construcción, el automotor y el de comercio que tienen una actitud más conciliadora con el gobierno.

Moyano, antaño fiel aliado de Fernández, asumió en los últimos meses una actitud abiertamente opositora con el argumento de que el gobierno no atiende sus reclamos de mejora del poder adquisitivo de los trabajadores ante una inflación anual de 25%.

Al poderoso sindicalista responden gremios que pueden paralizar el país como el del transporte de mercancías, de combustibles, de recolección de basura, de alimento, de caudales y de materiales peligrosos.

La Administración de Programas Especiales administraba un presupuesto anual de 1.100 millones de pesos (240,17 millones de dólares). Reembolsaba a las prestadoras médicas sindicales el valor de los tratamientos médicos más complejos y en los últimos años había sido manejada por abogados cercanos a Moyano. Se alimentaba de porcentajes descontados a las cargas sociales de cada trabajador y su empresa.