Los detractores de la dura ley de inmigración de Arizona lanzaron el martes un nuevo esfuerzo encaminado a repeler un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitiría a la policía aplicar una cláusula conocida como "muéstrame tus papeles".

Una coalición de grupos de derechos civiles, líderes religiosos y organizaciones empresariales presentaron una nueva solicitud para obtener un interdicto que evitaría que las autoridades apliquen una norma que requiere que la policía verifique el estatus migratorio de las personas que detienen por razones diversas.

Los grupos están buscando que la juez federal de distrito Susan Bolton impida que se aplique esa medida antes de que la norma entre en vigor, argumentando que los latinos en Arizona podrían ser objeto de discriminación racial sistemática y detenciones injustificadamente prolongadas bajo la polémica sección de la ley de 2010.

En su documento de 65 páginas, la coalición acusa que la ley migratoria de Arizona no "precede a la ley federal y viola la Cuarta Enmienda" además podría "socavar la confianza entre la policía y los miembros de la comunidad, desde el cual un rutinario proceso con la autoridad se volverá una detención prolongada".

También opinan que los operativos migratorios ordenados en años recientes por el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, el jefe de policía conocido por su estricta postura contra la inmigración no autorizada, demuestra que lo que pide la ley afectará desproporcionadamente a los latinos. Aunque la medida no ha entrado en vigor, Arpaio ha dicho que sus oficiales han interrogado a las personas sobre su estatus migratorio en el pasado.

El Centro Nacional de Ley Migratoria es uno de los grupos que impulsan la demanda en la corte junto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Fondo México Estadounidense de Defensa Legal y Educativa, el Centro Asiáticos Estadounidense de Justicia, la Red Nacional de Jornaleros y otros.

Matthew Benson, vocero de la gobernadora Jan Brewer, dijo que "el más reciente recurso legal no sorprende porque los que se oponen a la ley SB1070 han indicado que harán lo necesario para impedir su aplicación en Arizona".

"La Corte Suprema ya habló por unanimidad sobre la constitucionalidad de esta medida. La gobernadora Brewer espera que las autoridades estatales pronto tengan al fin las facultades para aplicar la SB1070 y mostrar que puede hacerse de forma justa, legal y en armonía con los derechos civiles y la Constitución", dijo Benson en un comunicado.

La nueva demanda llega el mismo día que Arpaio criticó la más reciente diatriba del comediante George Lopez contra el alguacil. También llega el mismo día que el jefe de policía presumió los hallazgos de una tarea voluntaria, donde Arpaio aseguró haber encontrado "la prueba definitiva" de que el certificado de nacimiento del presidente Barack Obama fue una falsificación generada por computadora.

El Partido Demócrata en Arizona indicó en un comunicado que la investigación de Arpaio intenta quitar atención a los problemas dentro de su propia oficina. La oficina de Arpaio no había respondido el martes para opinar al respecto.

En un caso por separado, el Departamento de Justicia demandó a la oficina de Arpaio por enfocarse en los latinos en los operativos migratorios. El alguacil niega las acusaciones y este caso irá a juicio en una corte federal el jueves.

Aunque una apelación diferente a la ley de Arizona presentada por el gobierno de Barack Obama logró que otras tres secciones de la ley fueran anuladas por la Corte Suprema en junio, el gobierno no pudo conseguir que se eliminara la previsión "muéstrame tus papeles" a pesar de su argumento de que la ley federal prevalece sobre la estatal. La coalición busca dar carpetazo a la cláusula con otros argumentos.

La ley de Arizona fue aprobada en 2010 en medio de la frustración de los electores con el papel del estado como el punto de entrada de inmigrantes no autorizados más transitado del país. Cinco estados —Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah— han adoptado medidas similares a la ley de Arizona.

Expertos jurídicos opinan que los grupos enfrentan una difícil batalla para persuadir a Bolton a que impida dicha cláusula porque las cortes menores tal vez quieran esperar hasta que la medida —que entrará en vigor cuando menos el viernes— sea aplicada para considerar afectaciones reales derivadas de la ley, en lugar de confrontar el potencial de daños.

Incluso si los detractores de la ley no logran la suspensión de esta medida, algunos que la respaldan están dudando del nivel de cooperación de las autoridades migratorias federales, quienes serán llamados para verificar el estatus migratorio de las personas y serán responsables de poner bajo su custodia, de manos de los oficiales locales, a los inmigrantes que no demuestren que viven en el país legalmente.

Las autoridades migratorias federales han dicho que ayudarán, pero sólo si se ajusta a sus prioridades, que incluyen atrapar a violadores reincidentes e identificar y llevarse a aquellos que amenacen la seguridad pública y nacional.

Si los agentes federales se niegan a poner bajo custodia a los inmigrantes, la policía local en algunos casos posiblemente tendrá que dejarlos ir a menos que sean sospechosos de haber cometido un crimen que requiriera su encarcelamiento.

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