Hoy hace 20 años nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta fueron secuestrados y asesinados por un grupo militar, en uno de los casos por los cuales el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por abusos a los derechos humanos en 2009.

Los estudiantes y el profesor de La Cantuta fueron secuestrados por el grupo paramilitar Colina bajo la presunción de ser integrantes de la banda armada Sendero Luminoso, que dos días antes había detonado un coche bomba en la calle Tarata matando a 20 personas.

Los restos calcinados de las diez personas fueron encontrados enterrados en un paraje del distrito limeño de Cieneguilla varios meses después, a raíz de la información entregada por testigos a un semanario local.

Por este caso y por la matanza de 15 personas en la zona de Barrios Altos en 1991, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, al ser encontrado responsable de haber ordenado estos actos al grupo Colina.

Según una investigación del periodista Edmundo Cruz, Fujimori recibió la versión de su entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos de que los autores del atentado en Tarata eran estudiantes de La Cantuta.

Ante esa versión, Fujimori ordenó al líder del grupo Colina, Santiago Martin Rivas, que los "capturen" y "desaparezcan", relató Cruz en una crónica publicada por el diario La República.

La representante de los deudos de La Cantuta, Gisella Ortiz, se quejó hoy de que ninguno de los sentenciados por este caso, incluido Fujimori, hayan pagado hasta el momento las reparaciones económicas dictadas por la justicia.

"Tenemos sentencias ratificadas por la Corte Suprema para el señor (Julio) Salazar Monroe (exjefe de Inteligencia), para algunos integrantes del Grupo Colina y la sentencia ratificada contra Alberto Fujimori y en ningún momento nadie ha hecho pago alguno por el tema de la reparación", dijo en declaraciones a Ideele Radio.

Ortiz, que perdió a su hermano en el caso de La Cantuta, agregó que "el sentido de la justicia no solo tiene que ser una justicia punitiva, que castigue; sino, también, una justicia reparadora".

En los últimos días, el procurador del Estado para casos de terrorismo, Julio Galindo, anunció una serie de acciones, como embargo de bienes, para que Fujimori pague las reparaciones civiles ordenadas por la justicia que ascienden a 10 millones de dólares.