La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, afirmó hoy en Panamá que es "muy probable" que se elimine el concepto de "información política secreta" de una ley que firmó la semana pasada y que generó advertencias de que puede amenazar la libertad de expresión.

En una entrevista con Efe, la mandataria reconoció que el concepto de "información política secreta" está "obsoleto", aunque aclaró que existe en el Código Penal de Costa Rica desde hace medio siglo y nunca ha sido aplicado.

"Es muy probable" que la noción de "información política secreta" sea suprimida de la nueva Ley de Delitos Informáticos, porque "da para generar dudas que no merece nuestra democracia", caracterizada por un "récord impecable en materia de respeto a la libertad de expresión", afirmó Chinchilla al ser pregunta al respecto.

Añadió que el Ejecutivo pretende aprovechar "el hecho de que se haya puesto en evidencia" el asunto con la nueva ley, "para ver si" se puede "corregir" la situación.

"Aquí estamos hablando de una ley que tenía por interés atender otras situaciones, básicamente lo que es el tema de la ciberdelincuencia, y se reprodujo un artículo existente en mi país desde hace más de 50 años en el Código Penal", insistió la mandataria.

En la norma firmada por la gobernante la semana pasada se establecen penas de entre cuatro y ocho años de cárcel a quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado".

Antes de la ley, que no ha sido promulgada en el diario oficial La Gaceta, por lo que aún no está vigente, las penas por el delito de difundir informaciones políticas secretas era de entre uno y seis años de prisión.

En una reunión el martes en San José, el Gobierno, diputados y periodistas acordaron revisar el polémico artículo 288 de la Ley de Delitos Informáticos, criticado por el Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) por considerar que puede enviar a la cárcel a los comunicadores y dañar la libertad de expresión y el derecho a la libre información.

"No hay por qué preocuparse, quiero decirlo con total claridad, Costa Rica tiene un récord impecable en materia de respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la prensa", insistió la mandataria.

El presidente del Iplex, Alejandro Delgado, declaró el martes a Efe que la inclusión del concepto de "información política secreta" en la nueva legislación puede constituir un motivo de auto censura para los periodistas.

"Es un término impreciso y que genera inseguridad jurídica. Que no se haya acusado a nadie (desde que existe) no significa que no se pueda acusar", manifestó Delgado.

A juicio del presidente del Iplex, no ha existido "mala fe" en la redacción de la ley sino que se incurrió en un "error" del que "nadie dimensionó las consecuencias".

Añadió que para enmendar la situación se pueden seguir dos vías, "una reforma" legal o que "la Defensoría de los Habitantes presente una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional".

"El secreto de Estado establecido en la Constitución Política es la única limitación que existe en acceso a información pública", recordó Delgado.