La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, descartó hoy intentar una nueva reforma fiscal tras fracasar en abril su iniciativa, y señaló que se concentrará en optimizar la recaudación y recolocar deuda exterior para "solventar medianamente" el déficit.

En una entrevista con Efe en Panamá, la mandataria reiteró su preocupación por el nivel del déficit fiscal, que cerrará este año cerca del 4,5 % del producto interno bruto (PIB), según los cálculos oficiales, y que ubicó como el único nubarrón en una economía "sana" pese a los embates de la crisis internacional.

"Ya no tenemos tiempo, en los 18 meses que nos quedan (de Gobierno), de embarcarnos en una reforma tributaria profunda", afirmó Chinchilla en la capital panameña, que visitó hoy durante unas horas para participar como oradora principal en una cumbre regional sobre tecnologías de la información organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El Supremo costarricense declaró en abril "inconstitucional" un proyecto de reforma fiscal que centró la atención casi total del Ejecutivo durante un año, y que planteaba aumentar los ingresos nacionales en cerca de 1,5 % del PIB con la creación de un impuesto al valor añadido y gravar la salud y la educación privadas, lo que generó una polémica en el país centroamericano.

El máximo tribunal costarricense argumentó "vicios" de forma y en la tramitación legislativa del proyecto, que ya había sido aprobado en la primera de las dos discusiones parlamentarias preceptivas.

"La gente sabe que hicimos todo lo que pudimos" para impulsar la reforma, con "un costo político muy alto" para el Gobierno porque, "en nuestros países no gusta pagar impuestos", agregó Chinchilla, una politóloga de 53 años, con amplia experiencia en materia de seguridad y justicia, la "prioridad" de la gestión que inició en 2010 para un período de cuatro años.

Tras el revés judicial, el Ejecutivo "ha acentuado la política de austeridad en la ejecución del gasto" e intenta "mejorar la recaudación", para lo que presentó ante el Parlamento un grupo de medidas que de "manera conjunta podrían solventar medianamente las presiones fiscales", dijo Chinchilla.

Las medidas incluyen la colocación en el exterior de unos 4.000 millones de dólares en bonos, bajo "condiciones crediticias y tasas de interés mucho más atractivas", así como "instrumentos" para que el Estado sea "más efectivo" en materia de recaudación "tributaria y aduanera", afirmó la presidenta.

La oposición parlamentaria mantiene bloqueado el trámite de ese conjunto de medidas para presionar la destitución del segundo vicepresidente, Luis Liberman, y del ministro de Educación, Leonardo Garnier, acusados de haber incurrido en faltas éticas por la Procuraduría de la Ética de Costa Rica.

El Congreso costarricense, que la próxima semana reanuda sus actividades tras las vacaciones, está integrado por 57 diputados, 24 de ellos del oficialista Partido Liberación Nacional, que mantiene una alianza con dos pequeños partidos que le permite sumar 30 votos.

La "gran amenaza" que representa en el "mediano y largo plazo" el déficit fiscal es el único punto negro en la economía de Costa Rica, que logró "revertir las tendencias que experimentó como resultado de la crisis financiera internacional de 2008", afirmó Chinchilla al destacar los "avances" de su gobierno en la materia.

"La economía en general está sana, y los balances macroeconómicos hemos logrado sostenerlos", afirmó Chinchilla, tras señalar que su gobierno ha logrado tasas de creciendo "impresionantes", la inflación "más baja de los últimos 40 años" y la generación de "una importante cantidad de nuevos empleos".

En su segundo informe anual de gestión ante el Parlamento, el 1 de mayo pasado, la mandataria destacó que en 2011 la economía del país creció un 4%, se crearon 90.000 empleos, el turismo aumentó un 5% y las exportaciones un 12%, mientras que la inflación se mantuvo en el 4,7%.

Chinchilla también advirtió entonces que pese al crecimiento económico, Costa Rica ostenta "la más baja carga tributaria de la región", y que, de mantenerse ese escenario, para 2017 la deuda del país alcanzará el 60% del PIB.