La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció hoy los "excesos" cometidos a su juicio por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, contra dos periodistas de su país.

RSF, con sede en París, destacó el caso de Gustavo Cortez, editor general del diario "El Universo", del que dijo que "fue blanco de violentas acusaciones presidenciales en los últimos cuatro enlaces sabatinos", los discursos semanales de Correa difundidos en la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales públicos.

"El 14 de julio pasado el jefe de Estado no dudó en mostrar la fotografía del periodista llamando públicamente a sus propios partidarios a 'reaccionar' contra él", agregó RSF.

"César Ricaurte, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, sufrió los mismos ataques en otro enlace sabatino en el mes de junio", según la organización.

RSF señaló que ha recordado "en su debido momento, ciertos excesos que la prensa privada ha cometido en el pasado. Pero, ¿qué sentido dar al perdón que el presidente Rafael Correa otorgó a 'El Universo' el 27 de febrero pasado si reanuda ahora las hostilidades?"

La organización dijo que "es responsabilidad de un jefe de Estado garantizar la concordia ciudadana y no señalar al aire a los 'enemigos del país' que también son sus ciudadanos".

"El respeto que exige un presidente electo democráticamente para su persona y su función también supone el respeto de sus detractores y opositores", agregó RSF.

"En este caso, el ataque personal afecta la seguridad de aquellos a los que va dirigido", concluyó la organización.

RSF además destacó el caso de la emisora "Radio Morena FM 98.1", de Guayaquil, que dejó de transmitir tras 17 años en antena el 6 de julio de 2012, "después de una vasta operación en la que su equipo fue confiscado".

La organización recordó que la estación, propiedad del político de oposición Luis Almeida, "es el decimonoveno medio de comunicación audiovisual clausurado en lo que va del año" en el país sudamericano.

"Los representantes de la estación denuncian una 'persecución' política", dijo RSF, quien señaló que "la autoridad competente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (la Senatel), asegura que Radio Morena se retrasó en los pagos de la licencia de emisión".

"Nuestra preocupación sigue siendo la misma. Suponiendo que Radio Morena se hubiera retrasado en sus pagos, ¿por qué preceder a su cierre sin esperar a que se agotaran todos los recursos? Existe una exigencia legal, incluso constitucional, de debido proceso", destacó RSF.

"La confiscación del equipo de la estación, propiedad del medio de comunicación a diferencia de su frecuencia, alimenta las sospechas que despierta este procedimiento", dijo la organización.

Por esa razón RSF sugiere "que se realice un reexamen completo del sistema de concesión de frecuencias y del funcionamiento de la autoridad que las otorga (...) Esta reforma de fondo es urgente".