El Gobierno, diputados y periodistas de Costa Rica revisarán un polémico artículo de la recientemente aprobada Ley de Delitos Informáticos que castiga con cárcel la publicación de "informaciones políticas secretas", indicó hoy una fuente oficial.

El Colegio de Periodistas, medios de comunicación y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) han criticado el artículo 288 de la ley, pues consideran que podría enviar a la cárcel a los comunicadores y dañar la libertad de expresión y el derecho a la información.

La ley fue firmada la semana pasada por la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, pero fue hasta días después que surgió la polémica por el término "informaciones secretas políticas", el cual el Gobierno ha calificado como "inadecuado".

El ministro costarricense de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, declaró hoy en una rueda de prensa que el término es "desafortunado" e "inadecuado", por lo que ha pactado una reunión para hoy con diputados y periodistas.

El funcionario aclaró que en la legislación del país el concepto existe desde hace 42 años sin haber causado consecuencias a los periodistas ni a la libertad de expresión, aunque reconoció que debe revisarse.

"Debería de ser revisado ese concepto desafortunado que no debería estar ahí porque genera suspicacias y alguna vez podría surgir alguna interpretación que lesione la libertad de prensa, lo que hasta el momento no ha sucedido", dijo Benavides.

El funcionario agregó que la reunión de hoy pretende "analizar y discutir los alcances de la nueva ley" y posiblemente "generar propuestas de reformas".

La polémica surgió a raíz de que el artículo 288 de la ley castiga con cuatro a ocho años de cárcel a quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado".

Antes de la actual ley, se castigaba con uno a seis años de prisión.

El presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), Alejandro Delgado, declaró hoy a Efe que el artículo 288 podría constituir un motivo de auto censura para los periodistas, por el temor a ser denunciados y condenados.

"Creemos que el término, que está en el código penal desde hace más de 40 años, es un término impreciso y que genera inseguridad jurídica. Que no se haya acusado a nadie no significa que no se pueda acusar", manifestó Delgado.

Agregó que no cree que exista "mala fe" en la redacción de la ley sino un "error" del que "nadie dimensionó las consecuencias que podría provocar".

"El Secreto de Estado establecido en la Constitución Política es la única limitación que existe en acceso a información pública", recordó Delgado.

El presidente del Iplex dijo que no está claro el alcance del concepto "informaciones secretas políticas", por lo que en la reunión entre periodistas, diputados y Gobierno se espera analizar a profundidad el asunto.

"Creo que las vías son dos: una reforma de la ley y la otra es que la Defensoría de los Habitantes presente una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional", dijo Delgado.

Delgado explicó que al no haber un caso judicial abierto contra alguna persona a raíz del artículo de la ley, la única habilitada para presentar la acción de inconstitucionalidad es la Defensoría de los Habitantes.

La ley aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, último paso para que entre en vigencia.