Dirigentes de las protestas indígenas y campesinas contra leyes que permiten la explotación de recursos naturales a gran escala en Ecuador han sido acusados por las autoridades de sabotaje y terrorismo, según un informe de Amnistía Internacional.

El organismo con sede en Londres dijo en un documento al que tuvo acceso AP que "en sus acciones y declaraciones, el gobierno ha tratado de poner en duda la legitimidad de las protestas y de reducir los derechos a la libertad de expresión y reunión de algunos de los sectores más marginados de la sociedad".

"La retórica hostil por parte de los miembros del gobierno, incluyendo el propio presidente (Rafael) Correa, en contra de los pueblos indígenas, sigue siendo motivo de preocupación", dice el documento de 40 páginas, dedicado a analizar las protestas sociales de 2009-2011.

Las mayores protestas fueron provocadas por la ley de minería, que de acuerdo con los indígenas vulneraba el derecho a la consulta previa, contemplada en la constitución, antes de la explotación de recursos naturales. Esa ley, que entró en vigor en 2009, también permite la explotación minera a gran escala.

El presidente Rafael Correa había dicho entonces: "no podemos ser mendigos sentados en una bolsa de oro. Esos fundamentalismos, los dogmatismos (ambientalistas) solo nos inmovilizan".

Poco después, el gobierno presentó ante la Asamblea la ley de aguas, que sin consulta con las comunidades, buscaba regular desde el estado el uso de ese recurso, vital para las actividades agropecuarias.

AI reportó que en el período señalado se iniciaron siete demandas judiciales contra 24 líderes de comunidades campesinas y organizaciones indígenas, que protagonizaron protestas contra las leyes.

De esos 24 dirigentes, 16 han enfrentado cargos por terrorismo, 11 por sabotaje, 6 por bloqueo de vías y uno por homicidio, destacó.

La mayoría de los acusados pasaron desde unos días hasta semanas en prisión y quedaron en libertad ante la falta de pruebas. Algunos procesos han quedado congelados en instancias preliminares y otros han avanzado a instancias como juicios penales, manifestó AI.

El sabotaje es castigado con penas de ocho a 12 años de prisión, el terrorismo de cuatro a ocho años y el bloqueo de vías de uno a tres años.

Entre quienes han enfrentado acusaciones judiciales están: Pepe Acacho, actual vicepresidente de la mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas; Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, filial de la Conaie que agrupa a la mayoría de indígenas de la sierra); Marlon Santi, Marco Guatemal, Vicente Zhunio y otros dirigentes campesinos e indígenas.

El presidente Rafael Correa, quien se define como un cristiano de izquierda y socialista del siglo XXI, ha cumplido cinco años y medio en el poder con un índice de aprobación del 70% de acuerdo con coincidentes encuestas públicas, entre otras como las firmas Cedatos y Perfiles de Opinión.

AI señaló que reconoce el derecho y la obligación del estado de aplicar las leyes e investigar posibles delitos que se producen en el contexto de una protesta, aunque puntualiza en su informe "que todos los líderes ... han sido objeto de investigaciones infundadas basadas en poca o ninguna evidencia".

Aseveró que el hecho de que 24 líderes "enfrenten cargos cuestionables por supuesta participación en las protestas ... muestra un patrón preocupante", y pidió "hacer frente al uso indebido del sistema judicial como una forma para silenciar a los que manifiestan oposición a las leyes políticas propuestas por el gobierno".