Amnistía Internacional (AI) denunció hoy el uso indebido que hacen las autoridades de Ecuador del sistema judicial para evitar que los líderes indígenas y campesinos protesten ante medidas que afectan a sus tierras.

Un informe difundido hoy en Londres por AI repasa los casos de 24 líderes campesinos víctimas de lo que "parecen ser acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias y rigurosas condiciones de fianza" por el mero hecho de hacer campaña contra leyes y políticas que regulan el empleo de los recursos naturales.

El documento "Para que nadie reclame nada, ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador" denuncia que esos 24 líderes se enfrenten actualmente a un total de 20 cargos por terrorismo, diez por sabotaje, cuatro por obstrucción de carreteras y uno por homicidio.

Todos esos cargos guardan relación con protestas ocurridas en 2009 y 2010 y, en muchos de ellos, las detenciones y los cargos han sido desestimados por los jueces al carecer de fundamentos, indica Amnistía.

Según Tamaryn Nelson, investigador de AI en Ecuador, "el hecho de que 24 líderes afrontaran cargos dudosos en un periodo de 18 meses muestra la existencia de un panorama preocupante, que está teniendo un efecto escalofriante sobre comunidades enteras que ahora se lo piensan dos veces antes de expresar sus legítimas preocupaciones acerca de las medidas que les afectan".

"En vez de entablar un diálogo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades cuyos medios de vida se verán afectados por las leyes y políticas propuestas por el Gobierno, las autoridades están echando mano de cualquier herramienta para disuadirlas de expresar su desacuerdo", se lamentó Nelson.

Según AI, muchos de esos líderes fueron detenidos cuando la policía trataba de dispersar a los manifestantes, mientras otros han vivido durante años bajo la amenaza de la detención al haberse emitido órdenes de arresto, sin haberse ejecutado.

En algunos casos, se han impuesto condiciones de fianza que los obligan a presentarse ante las autoridades, generalmente cada siete o 15 días, y les prohíben viajar al extranjero.

Si bien AI admite que es obligación del Estado ecuatoriano mantener el orden público e investigar cualquier delito que se haya podido cometer en una protesta, lamenta que con frecuencia los líderes indígenas y campesinos se hayan visto sometidos a investigaciones y procesos judiciales sin fundamento.

Nelson considera que "la política del Gobierno de continuar impulsando cambios sin llevar a cabo una consulta adecuada con las comunidades afectadas tiene el riesgo de situar a Ecuador en una dinámica de continuo conflicto social".

AI insta a las autoridades ecuatorianas a garantizar que las leyes, políticas y medidas que afecten a esas comunidades pasen por un proceso de consulta antes de tomar decisiones, y a que respete el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.