La representación de la ONU en El Salvador llamó hoy a los órganos Legislativos y Judicial a terminar con el conflicto que los tiene enfrentados desde junio pasado tras la anulación de las elecciones de una veintena de magistrados y del fiscal general, debido a que pone en peligro el Estado de Derecho en el país.

"El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (...) manifiesta su preocupación ante los actuales desacuerdos entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuales, si se mantienen irresueltos, podrían acarrear graves consecuencias para el mantenimiento del Estado de Derecho en el país", destacó el organismo mediante un comunicado.

"Instamos a las instituciones responsables a cumplir con su mandato constitucional y buscar una solución en el marco de un incondicional respeto a la Constitución salvadoreña", agregó.

La crisis institucional comenzó el pasado 5 de junio, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de los magistrados llevadas a cabo en 2006 y en abril pasado y ordenó hacerlas de nuevo.

Se agravó el martes, cuando la misma Sala también anuló la elección del nuevo fiscal general, Astor Escalante, hecha el 24 de abril por el Parlamento que funcionó hasta el 30 de abril y fue sustituido por uno nuevo el 1 de mayo.

En ambos casos, la Sala de lo Constitucional argumentó que una misma legislatura solo puede elegir esos cargos en una ocasión.

El Parlamento, que ha desconocido ambos fallos, acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, que el 21 de junio dictó la suspensión de las sentencias sobre los magistrados hasta emitir una resolución definitiva, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desechó.

En medio de la crisis, el pasado 1 de julio los magistrados cuya elección fue anulada asumieron sus cargos en una sesión a la que no asistió Belarmino Jaime, el presidente de la Sala Constitucional y del Supremo, que ha seguido funcionando con cierta normalidad.

El conflicto puede agravarse más el lunes próximo cuando le toque asumir la presidencia del Supremo a Ovidio Bonilla, quien fue electo el pasado 24 de abril junto a los otros cuatro magistrados, cuya elección la actual Sala declaró inconstitucional.

Jaime ha asegurado que le dejará su cargo a Florentín Meléndez, primer vocal de la Sala de lo Constitucional, debido a que la elección de Bonilla no es legal y porque la ley establece que en ausencia del presidente quién debe asumir es el primer vocal, señaló.

Desde el viernes por la tarde sindicalistas de la CSJ se han tomado las instalaciones del organismo, para garantizar el ingreso de Bonilla e impedir que Florentín asuma la presidencial del Supremo.