La empresa india Jindal Steel & Power Limited ha exigido al Gobierno de Bolivia que le otorgue garantías hasta el lunes de que no será nacionalizada para continuar al frente del proyecto de explotación de la mina de hierro El Mutún.

El abogado de la filial boliviana de Jindal, Jorge Gallardo, confirmó hoy a Efe que esa es una de las condiciones sobre la seguridad jurídica que reclama la compañía para seguir en Bolivia.

Gallardo señaló que las peticiones han sido planteadas a la estatal Empresa Siderúrgica Mutún, con cuyos ejecutivos se reunirán el lunes en busca de una respuesta definitiva.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de El Mutún, yacimiento situado en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma comunicó hace más de un mes su decisión de abandonar el proyecto con el argumento de que no había condiciones de seguridad legal y de provisión de gas natural para continuar trabajando en el mismo y existía un retraso de hasta tres años en sus objetivos.

La empresa pide "condiciones y garantías para invertir en el país", que cese una investigación de fiscales sobre sus inversiones y la persecución penal de sus ejecutivos, comentó hoy Gallardo.

En 2007, la firma prometió invertir 2.100 millones de dólares pero también ha advertido que si el Gobierno no le asegura la provisión necesaria del gas, esa cifra se reducirá porque se construirían instalaciones menores a las previstas inicialmente.

El Gobierno del presidente Evo Morales ha sostenido que Jindal no cumplió con sus inversiones e incluso la ha multado con el cobro de dos garantías bancarias por 36 millones de dólares, lo que ha provocado que la empresa recurra a arbitrajes internacionales.

El ministro de Minería, Mario Virreira, dijo esta semana que se ha comunicado a la empresa que "está en condiciones de continuar" la relación contractual, pero la empresa espera conocer las respuestas definitivas el lunes.